El sindicato cree que tal y como está planteado el plazo de dos años que establece el proyecto de ley no se garantiza la resolución del conflicto sino que se convertirá en una tregua antes de la auténtica batalla campal entre administraciones que se reabrirá transcurrido tal plazo.

Para CCOO de Madrid acometer una problemática social de envergadura después de varias décadas de abandono institucional como es el de la Cañada Real Galiana hubiera merecido un desenlace mucho más acertado desde el punto de vista social. Por el contrario se terminara convirtiendo en un problema de modelos confrontados de ordenación urbanística entre las diferentes administraciones implicadas, asociado a cuestiones de delimitación competencial y con ello de determinación de costes y de responsabilidad de financiación. Y es que cabe acometer diversas actuaciones en la resolución del problema en los ámbitos social, de realojo, de planificación urbanística y de recuperación medioambiental de este espacio público.

El sindicato considera que el establecimiento de un plazo para acometer la regularización o no de los asentamientos de la zona (14.000 personas en el propio espacio de 15 Km. que podrían ascender a 40.000 con los asentamientos aledaños) solo es pertinente establecerlo después de alcanzar un Acuerdo Marco en materia social. Y es que se deben abordar las necesidades de realojamiento de los habitantes de la Cañada que se hallen en situación de especial necesidad social, además de abordar los graves problemas de conflictividad y seguridad ciudadana. En este sentido apuntaba la recomendación del Consejo Económico y Social en el informe 11/2009, a propuesta del Grupo Sindical del Consejo, y aprobado por unanimidad, en cuanto a buscar un “mecanismo flexible” institucional que permitiera salvar este escollo.

Por otra parte, CCOO teme que el proyecto de ley tampoco vaya a garantizar de manera suficiente que en el destino de los terrenos vaya a prevalecer el interés público y social tal y como lo establece la legislación estatal y regional de vías pecuarias. Legislación que, además, encomienda para este tipo de terrenos que la correspondiente planificación territorial conjugue los aspectos social, económico y medioambiental.

En opinión de Jaime Cedrún, Secretario de Política Institucional de CCOO de Madrid, “debería establecerse en un Marco de acuerdo la delimitación competencial y de financiación de las distintas actuaciones entre las diferentes administraciones, incluyendo la estatal en las materias de su responsabilidad”, “Es necesario fijar los objetivos a alcanzar entre las mismas y las dotaciones económicas necesarias para desarrollar tales actuaciones, “añadió.