El día 21 de Diciembre del 2010 en la plaza de Lavapiés y el día 22 de Febrero del 2011 en las inmediaciones del metro Oporto, las Brigadas de Observación de Derechos Humanos realizaban la tarea de observación y documentación de las actuaciones policiales relativas a prácticas habituales de identificación y cacheo de inmigrantes en la vía pública, de índole discriminatoria o xenófoba, y de los eventuales malos tratos físicos o psicológicos a las personas inmigrantes requeridas de identificación y sometidas a cacheos o registros para, en su caso, poner en conocimiento de los organismos competentes y de la ciudadanía universal tales prácticas policiales.

La policía identificó a quienes participaban en las brigadas, y les ha abierto un expediente sancionador pese a que no incurrieron en ningún delito o falta tipificada en el ordenamiento jurídico, atribuyéndoles la “provocación de reacciones en el público que alteren o puedan alterar la seguridad ciudadana” sin que hubiera reacción alguna del público. Denunciamos públicamente este inaceptable intento de coacción, que trata de castigar e impedir la presencia de los ciudadanos en el espacio público en el que habitualmente se realizan controles de identidad a inmigrantes. La arbitrariedad en la decisión de la Delegación de Gobierno, así como el autoritarismo con el que se ha conducido la policía en estas actuaciones tienen como consecuencia material el desprecio y la vulneración de las libertades fundamentales y deberes de los ciudadanos: el Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión de cualquier ciudadano, y concretamente en estos hechos, de quienes, haciendo uso del mismo, actúan según el deber de asegurar el respeto de los Derechos Humanos en las actuaciones policiales.

Exigimos la retirada del expediente y que no se repitan actos intimidatorios contra defensores de Derechos Humanos.