El conflicto se enquistó por la reiterada negativa del Consejero de Justicia a negociar el Acuerdo rechazando todas reivindicaciones de los trabajadores argumentando, ya entonces, que la Comunidad de Madrid había sufrido una importante caída de la recaudación vía Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y no estaba en condiciones económicas de afrontar ningún compromiso. No obstante, al mismo tiempo que la Administración de Justicia se encontraba desbordada, el Gobierno Regional se embarcó en el megaproyecto de la Ciudad de la Justicia de Madrid y, exhibiendo sin pudor, las maquetas de los multimillonarios proyectos de los más caros arquitectos internacionales.

Tras la firma de este primer Acuerdo el 11 de diciembre de 2007, durante el año 2008 el Gobierno Regional no cumplió ninguna de sus cláusulas con excusas de carácter formal y burocrático. En el 2009, el Consejero de Justicia, volvió a utilizar el argumento de la crisis económica para no cumplir el acuerdo hasta el año 2011,año en el que el Gobierno Regional afirmaba estar en condiciones de cumplir en su totalidad.

Las movilizaciones de los trabajadores después de 8 días de huelga permitieron la renegociación de dicho acuerdo firmando el 25 de febrero de 2009 un nuevo Acuerdo por el que los trabajadores aplazaban hasta el año 2011 parte de las retribuciones que debían percibir en 2009 ( en concreto 65€/mes, de los 155 €/mes que debían cobrar).

Del Acuerdo Sectorial se ha cumplido únicamente en 2009 la conversión de 181 refuerzos en plantilla pero, tanto los incrementos de personal pactados para los Juzgados de lo Penal y SCNE, la creación del Instituto de Medicina Legal, la regulación de las guardias de periferia, medidas para garantizar la transparencia del personal interino, la convocatoria de OEP de los Medicos Forenses (10 años sin oposiciones ni concursos), la regulación de las sustituciones horizontales, entre otros contenidos, siguen pendientes. Tampoco en 2011 se cumplirá el Acuerdo en cuanto a las retribuciones pactadas para este año y en cuanto a los atrasos aplazados desde 2009.

El Consejero de Justicia, de nuevo, recurre a la crisis económica para vulnerar los derechos de los trabajadores, para no solucionar el deterioro del servicio público y para incumplir los compromisos pactados. Una vez más, el máximo responsable político de la Justicia madrileña demuestra su irresponsabilidad y con declaraciones demagógicas, que CCOO, CSIF, STAJ y UGT podemos desmentir, intenta echar a la opinión Publica sobre los trabajadores de la Administración de Justicia.