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Delegados sindicales se encierran en la sede de la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid Recibida de CC.OO. Madrid el 14-02-2011 a las 09:02
Delegados de los sindicatos CCOO, CSIF, STAJ y UGT, se han encerrado esta mañana en la sede de la Consejería de Justicia (c/ Gran Vía 18) para denunciar que, en tan sólo tres años, el Gobierno Regional incumple por tercera vez los Acuerdos del personal funcionario de la Administración de Justicia. Este incumplimiento se produce a pesar de que, el 25 de febrero de 2009 y tras ocho días de huelga indefinida, los trabajadores aceptaron renegociar el Acuerdo de 11 de diciembre de 2007 que la Administración pretendía incumplir argumentando problemas económicos para los años 2009 y 2010 en la Comunidad de Madrid. Este nuevo incumplimiento supone otro recorte salarial a los funcionarios de la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid después del resultante de la aplicación del R/D 8/2010 lo que implicará que sus retribuciones se han recortado una media de un 14,5% respecto a las que percibían en mayo de 2010. Además, la Consejería de Justicia lleva retrasando más de tres años el pago de retribuciones complementarias a los Médicos Forenses así como los trienios de los interinos. A ello se une la supresión de los incrementos de plantilla pactados en el Acuerdo para el año 2011 y que tampoco se ha ejecutado la ampliación de personal comprometida para el año 2010 en los Juzgados de lo Penal de Madrid y en los Servicios Comunes de Notificaciones y Embargos. Los sindicatos advierten que la Administración de Justicia madrileña, que soporta casi el 39% del volumen de asuntos de toda España, ha experimentado una exponencial carga de trabajo desde primeros del año 2008 como consecuencia de la crisis económica pero, el Gobierno autonómico, no ha adoptado las medidas necesarias para que, en éstas circunstancias, los ciudadanos madrileños pudieran contar con una justicia rápida y eficaz. CCOO, CSIF, STAJ y UGT mantienen que la vuelta a la situación de confrontación, es sólo responsabilidad de la Administración autonómica a la que acusan de haber utilizado, desde la firma del Acuerdo, todo tipo de burdas maniobras para no cumplir los compromisos pactados y estar dispuesta a engañar a los trabajadores y a la ciudadanía firmando compromisos que no está dispuesta a cumplir. |
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