El proyecto, cuya finalidad inmediata era la inserción laboral, se ha desviado por otros derroteros bien distintos, tal y como CSIT UNIÓN PROFESIONAL ha ido demostrando. La Consejería ha estado contratando a trabajadoras -pagadas mediante la subvención recibida desde el Gobierno Central- para realizar funciones propias del personal fijo, remunerándolas, además, con unos sueldos inferiores a las cantidades establecidas en el Convenio. Resulta paradójico que la Consejería tenga como “objetivo” la inserción laboral y, mientras tanto, use mano de obra más barata para sacar adelante el trabajo atrasado (las actividades encomendadas son permanentes, no puntuales), sin facilitar a dichas trabajadoras las pertinentes acciones formativas.

A pesar de las sentencias favorables logradas por varias demandantes (trabajadoras de la Consejería de Empleo y Mujer), son muchas las que, a día de hoy, prefieren no reclamar, bien por falta de información o por temor a futuras represalias, es decir, por miedo a no ser contratadas de nuevo para desempeñar otras tareas. La mayoría de las sentencias afirman que no se trata de una extinción de contratos temporales sino de despidos improcedentes, condenando a la Administración a readmitir a las trabajadoras o a indemnizar a éstas económicamente. En caso de que el Tribunal competente dictamine que se ha incurrido en fraude de ley con dichas contrataciones, existen dos procedimientos por los cuales la CM deberá abonar unas determinadas cantidades económicas a los trabajadores:

• Despido improcedente: 8.000 – 12.000 €

• Reclamación de cantidad (diferencias salariales): Diferencia entre lo que cobran y lo que deberían haber cobrado (suele ser alrededor de 5.000 €), puesto que no han percibido ninguno de los beneficios sociales incluidos en el Convenio (derecho a una paga adicional, paga por enfermedad o baja, por abono transporte…).

CSIT UNIÓN PROFESIONAL ha conseguido en cuatro ocasiones (desde 2009) que la Justicia reconozca el fraude de ley en los contratos laborales celebrados por la Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, considerando improcedentes los despidos de los trabajadores y reclamando, en estos casos, las diferencias salariales reflejadas con anterioridad. CSIT UNIÓN PROFESIONAL no va a permitir que se vulneren derechos y que la Administración se beneficie, mediante el fraude, de una situación que mantiene en precario a los trabajadores. Asimismo, desde esta Organización Sindical queremos subrayar el coste adicional para las arcas públicas que conlleva la indemnización económica por la que finalmente opta el Gobierno.