CCOO de Madrid discrepa abiertamente con el análisis que de dichos datos realiza la Consejería de Familia. Este sindicato considera que el Gobierno regional interpreta los datos de forma interesada aportando una imagen totalmente distorsionada de su gestión sobre un derecho de la ciudadanía. Así mismo, se trata de un ejemplo más del oscurantismo con el que el Gobierno regional está desarrollando la Ley.

Para la secretaría de Política Social e Igualdad de CCOO de Madrid, Ana González “aún siendo importante el número de personas que han sido valoradas, no sirve de nada estar valorado si después no recibes las prestaciones o servicios que por derecho te corresponden. Cerca de 28.000 personas dependientes, concretamente 27.764, el 34% de las personas que ya tienen reconocido el derecho a recibir ayudas, todavía siguen esperando”.

La responsable sindical añade que la Comunidad oculta el hecho de que esta bolsa no deja de crecer. Si el número de personas atendidas en el último mes, tal y como reconoce la Consejería, creció en 3.963 dependientes, también creció el número de dependientes que teniendo derecho reconocido, no reciben las prestaciones. Concretamente 6.984 personas se incorporaron a esta situación de espera, en el último mes. En definitiva, casi el doble de los que se incorporan como nuevos beneficiarios.

En cuanto al tipo de ayudas y recursos que se adjudican, CCOO critica que la Comunidad de Madrid ensalce su gestión puesto que no está haciendo más que lo que la Ley establece. La sindicalista añade que priorizar los servicios frente a las prestaciones económicas está recogido expresamente en la Ley de Dependencia como criterio fundamental en la configuración del Sistema. En todo caso y analizando la evolución de las prestaciones y servicios en el último año, los datos contradicen lo expresado por el Gobierno Regional. La adjudicación de plazas residenciales crece a un ritmo más lento que las prestaciones económicas en el entorno familiar. Concretamente y en el último mes, las plazas residenciales sólo crecieron un 2,15% mientras que las prestaciones económicas crecieron un 7,7%.

Así mismo, este sindicato pone en cuarentena otros datos que difunde la Consejería puesto que no existe en la región ninguna base de datos oficial, de carácter público en el que se puedan contrastar las afirmaciones que se realizan. Por ejemplo, este sindicato se pregunta dónde y cómo se puede confirmar que 3.000 dependientes de grado I nivel II, tramo de la Ley que entró en vigor el 1 de enero, de los 9.000 dictaminados, ya están siendo atendidos según afirma la Comunidad de Madrid.

Por último, CCOO de Madrid traslada como ejemplo del retraso y lentitud con el que la Comunidad de Madrid está gestionando la dependencia, el hecho de que el 13 de enero de 2011, la Consejería de Familia y Asuntos Sociales publicara en el BOCM, más de 3.000 nombres de solicitantes fallecidos a los que se les comunica por este medio la finalización del procedimiento. Un número muy importante de estos expedientes se iniciaron en el 2007, año en el que entró en vigor la Ley.

El sindicato vuelve a insistir en lo preocupante de la situación y exige, una vez más, el cumplimiento de la Ley y la necesidad de que se articulen mecanismos de participación social que garanticen su seguimiento, tal y como existe en el ámbito estatal y en otras Comunidades Autónomas.