La Consejería de Educación, con la decisión de despedir a estos profesionales demuestra:

- dejadez ante los más de 100 centros educativos canarios cuyo entorno es desfavorecido,

- abandono de las necesidades sociales del alumnado y de las familias de estos centros educativos,

- saturación del profesorado con funciones que no les corresponde,

- falta de seriedad y de responsabilidad en el reparto de recursos, ya que no se ha tenido en cuenta la gran cantidad de población (alumnado, familias y profesorado) que un único trabajador social atendía por centro educativo, ni los resultados positivos de la labor de estos profesionales (especialmente en materia de absentismo, abandono y convivencia escolar).

- desinterés por la calidad educativa en nuestra Comunidad Autónoma al prescindir de estos profesionales los cuales eran exponente de ésta, con su trabajo directo con el alumnado, las familias y la comunidad educativa en general.

Entendiendo que la desaparición de los Centros de Atención Preferente (PROCAP) no conlleva la erradicación de la realidad ni de los problemas sociales del entorno de muchos de nuestros centros educativos, apoyamos y demandamos la incorporación de los Trabajadores-as Sociales a los centros escolares e instamos a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias a que se replantee la necesidad real de que estos profesionales actúen directamente en nuestros centros escolares para la mejora de nuestra calidad educativa, de nuestra sociedad en general y para la atención integral y global del alumnado, de las familias y de la comunidad educativa.

Desde nuestra organización entendemos que estos despidos se enmarcan dentro de la política de privatización y desmantelamiento de la Educación Pública Canaria que nuestro Gobierno Autonómico lleva protagonizando desde hace años. Una vez más se pone de manifiesto la notable contradicción existente entre el discurso público del Gobierno de Canarias y su Consejería de Educación (aparentemente “preocupados” por impulsar el Servicio Educativo en Canarias) y la realidad incontestable de brutales recortes en todos los ámbitos educativos, poniendo en grave riesgo el derecho a la educación de nuestra ciudadanía y el propio futuro de nuestro archipiélago.

La consecución de una escuela pública de calidad es incompatible con la actual práctica de la Consejería de Educación y del Gobierno de Canarias. Desde el STEC-IC seguimos exigiendo un cambio de rumbo inmediato en las políticas educativas del Gobierno de Canarias, al tiempo que nos reafirmamos públicamente ante la sociedad canaria en nuestro compromiso de seguir trabajando, en coordinación con toda la Comunidad Educativa, por la defensa y potenciación de nuestro Sistema Público Educativo y en contra de las ansias privatizadoras del actual Gobierno Autonómico.