El Auto de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional cuestiona la constitucionalidad de determinados artículos de la Ley 4/2010, que modificó la Ley 9/2009 de 23 de diciembre de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2010. Se entiende que ésta podría atentar contra el contenido esencial del derecho a la libertad sindical (art. 7 y 28.1 C.E.) en relación con el derecho a la negociación colectiva, regulado en el artículo 37.1 C.E, habida cuenta que se han dejado sin efecto las retribuciones pactadas en el XVIII Convenio Colectivo de la E. P. Canal de Isabel II. Por tal razón, solicita a las partes que aleguen lo que a su derecho convenga sobre la pertinencia de plantear la citada cuestión de constitucionalidad, respecto de los artículos 19 y 22 de la Ley 9/2009 de 23 de diciembre.

En este sentido, CSIT UNIÓN PROFESIONAL ya alertó en noviembre de 2010 sobre el anteproyecto de dicha ley: El Gobierno Regional continúa en su empeño de imponer su carácter antisocial extralimitándose en sus competencias legislativas, vulnerando la Carta Magna, “amparándose” en un ahorro del presupuesto de la Comunidad de Madrid, para anular, además de los derechos sindicales de participación y representación de los trabajadores, los instrumentos de participación y control de las políticas sociales, de mejora en el empleo y salud laboral. Y por ello, se comprometió a adoptar todas las medidas legales a su alcance para evitar que el Gobierno Regional continúe con su política externalizadora, de precarización del empleo y atentatoria de derechos legalmente reconocidos. Como primera medida, CSIT UNIÓN PROFESIONAL realizó sus alegaciones al mencionado anteproyecto de Ley ante el Consejo Económico y Social y posteriormente, una vez aprobada la Ley, presentó las demandas pertinentes ante las distintas instancias judiciales. La Audiencia Nacional ha sido la primera en resolver con este auto, el conflicto colectivo planteado.