UGT Madrid ha analizado la información del SAAD del mes de enero y lo ocurrido en todo el pasado año donde observamos que hay 119.632 solicitudes de las cuales y según la Comunidad de Madrid se han realizado un 94% con dictamen realizado.

Ahora bien 70.638 son beneficiarias con derecho a prestación, de las cuales tan sólo 49.858 están en la actualidad recibiendo algún tipo de ayuda o prestación. Esto supone que en nuestra Comunidad Autónoma hay un total de 20.780 dependientes que tiene derecho a ayudas pero que no están recibiendo prestaciones.

Aún más, de las 49.858 personas dependientes que están recibiendo prestaciones queremos llamar la atención que 11.395 están recibiendo una prestación económica por cuidado en el entorno familiar. UGT recuerda que este tipo de ayudas deben ser de carácter excepcional. El Gobierno Regional está convirtiendo la excepción en norma perjudicando a las personas dependientes y sus familiares y sin realizar las inversiones necesarias.
Estas cifras nos hacen de nuevo plantear múltiples interrogantes en relación con la gestión de la Dirección General de Dependencia, así como informar a la ciudadanía sobre lo que está pasando con las ayudas a la dependencia en la Región, dónde están los recursos y servicios que se necesitan o dónde están los proyectos para desarrollarlos.

UGT denuncia que en la Comunidad de Madrid las expectativas de las personas dependientes se están viendo frustradas por la falta de aplicación y desarrollo de los derechos que establece la ley por parte del Gobierno regional de la Comunidad de Madrid.

Además en 2011 comienza una nueva etapa que supone la incorporación del Grado I, nivel 2, donde las personas dependientes que tienen reconocido este grado tienen derecho a recibir las prestaciones y servicios que les corresponden por la Ley.

UGT señala que, según los propios datos de SAAD a 1 de enero de 2011, hay 8.909 personas con Grado I, nivel 2, dictaminadas todas ellas personas dependientes, que van a tener derecho a prestaciones y sin que sepamos que va a hacer el Gobierno regional al respecto.

Finalmente, es, a juicio de UGT, urgente y necesario que se pongan en marcha los instrumentos de vigilancia y control necesarios para que ningún ciudadano se vea privado de un derecho por el mero hecho de no vivir en la Comunidad adecuada.