Hoy se cumplen tres años de la entrada en vigor de la llamada Ley de la Memoria Histórica que comenzó oficialmente su andadura el 27 de diciembre de 2010. El balance que se puede hacer de estos tres años es negativo. “La ley asegura en su preámbulo que la memoria de las víctimas del franquismo es personal y familiar. ¿A qué víctima de un delito violento tan grave le dice el Estado que su recuerdo no es público, que es asunto de su familia?”, asegura Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.

En estos tres años el Estado continúa sin responsabilizarse de la búsqueda de los desaparecidos y cargar la solución parcial a un delito tan grave en los hombros de las víctimas. “Todavía nos llega algún caso -asegura Silva- remitido por administraciones públicas que les dan a los familiares nuestro número de teléfono.¿Cómo es posible que alguien que llame a una administración denunciando y pidiendo ayuda por un delito tan grave sea remitido a una asociación para que le solucione el problema?”.

Otro de los apartados de la Ley es la existencia de calles, plazas, monumentos e incluso denominaciones de pueblos que permanecen intactos, a pesar de que la ley considera ilegales las exaltaciones de la dictadura: “Vivimos en un Estado que cierra locales por exponer fotografías de ex presos de grupos terroristas y al mismo tiempo permite plazas, fundaciones y calles dedicadas a asesinos de decenas de miles de civiles. La democracia no debe practicar ni consentir esa doble moral”, afirma el presidente del la ARMH, el colectivo que hace diez años inició la búsqueda de desaparecidos por la represión franquista con técnicas científicas.

No ha cumplido el Gobierno su responsabilidad en la elaboración del mapa de fosas porque en vez de hacerlo ha delegado ese deber en las comunidades autónomas, lo que genera una bronca política que no existiría si se llevara a cabo desde instituciones del Estado. Tampoco ha hecho el protocolo de exhumaciones.

En cuanto al Valle de los Caídos continúa siendo un lugar de culto católico en el que se permite cierta exaltación del franquismo a través de la práctica religiosa y se oculta la tragedia de los miles de esclavos políticos republicanos que fueron obligados a construirlo.

Adjuntamos fotografía de la fachada de la sede de Loterías y Apuestas del Estado, de la calle Guzmán el Bueno de Madrid, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda. Curiosamente en la fachada hay dos escudos franquistas que se encuentran frente al a puerta de entrada de la Dirección General de la Guardia Civil.