De esta forma, más del 78,6% de los 973.000 pensionistas que hay en Madrid verán congelada su pensión. Más bien, si se toma en cuenta que la previsión de inflación se verá desbordada al alza, se trata de una pérdida de poder adquisitivo para la inmensa mayoría de nuestros pensionistas, en una región en la que la pensión media no llega ni a los mil euros (927,7 euros al mes). Hay que recordar además que las mejoras de las pensiones mínimas en los últimos años han sido pagadas por las cotizaciones sociales, en un esfuerzo mínimo de los impuestos del Estado.

En cuanto a los complementos a mínimos, que el Estado se había comprometido a pagar íntegramente, seguirán siendo financiados en más del 60% por las cotizaciones sociales de trabajadores y empresarios. Todo ello pese a que el acuerdo de pensiones de 2001 estableció que para 2014 dichos complementos se pagarían exclusivamente vía impuestos, lo cual resulta casi imposible al paso que vamos.

Para el secretario general de CCOO de Madrid, Javier López, “en un momento en el que no es la Seguridad lo que está en riesgo, es injusto, arbitrario y difícil de entender que se someta a acoso y derribo el saneado sistema de pensiones español para combatir una crisis desencadenada por las entidades financieras y los grandes inversores, aduciendo que tendremos un problema dentro de veinte años”. Considera Javier López que congelar las pensiones y ampliar la edad legal de jubilación a los 67 años, exigiendo más años cotizados para tener derecho a pensión y ampliando el número de años para calcularla, es “una imposición inaceptable” y provocará una “agudización” del conflicto social.

“Más si cabe cuando los sueldos de los altos ejecutivos son intocables y mientras se bajan los impuestos a los más ricos, a los empresarios, hasta el punto de que nueve de cada diez euros de recaudación del IRPF proceden de las rentas del trabajo”, afirma el secretario general de CCOO de Madrid, que concluye instando al Gobierno y a las fuerzas políticas a asumir los verdaderos problemas fiscales y financieros del país, “en vez de golpear con saña a nuestros mayores, a los trabajadores y a la ciudadanía”, algo que sólo dará lugar a menos actividad económica, más paro y más tensiones sociales.