Esta Ley de Acompañamiento modifica el articulado de importantes leyes, suprime órganos de participación, rompe unilateralmente convenios y acuerdos y se apropia de prerrogativas que afectan al interés público mediante una tramitación que impide el necesario debate por parte de los representantes de los ciudadanos en la Asamblea de Madrid.

En definitiva, con esta ley desaparecen 102 organismos y órganos de participación regionales, entre ellos el Consejo de la Juventud, todos los patronatos de los Parques Regionales de la Comunidad de Madrid, el Consejo de la Mujer, la Comisión Regional de Política de Consumo, el Observatorio Regional de Empleo y de la Formación o la Comisión de la Calidad del Aire, lo que supone, no solo un retroceso democrático y social para la ciudadanía madrileña,

La Ley de Acompañamiento prolonga igualmente el desarrollo económico basado en el ladrillo al modificar la legislación sobre el suelo.