El Consejo de la Juventud de España considera que el Plan de Vivienda 2002-2005, aprobado por el Ejecutivo a principios de año y que comienza a ejecutarse en este último trimestre, es un instrumento totalmente ineficaz para mejorar el acceso a la vivienda de los colectivos con mayores dificultades, entre los que se encuentra el colectivo joven.

La construcción de vivienda protegida de Régimen General sigue siendo mucho mayor que la de Régimen Especial (para las familias con menores ingresos), que la vivienda de alquiler (la única opción para acceder a una vivienda por parte de la mayorí­a de jóvenes e inmigrantes) o que la rehabilitación (para acabar con la infravivienda). El incumplimiento y la reducción constante de objetivos de construcción de vivienda protegida, que en el periodo 1998-2001 no llegó al 50% del total previsto, suponen el fracaso de uno de los mecanismos más importantes para garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna.

Por otra parte, las novedades que introduce el Plan 2002-2005 (la reserva del 25% del presupuesto para primar a las Comunidades Autónomas más eficaces; el alza de un 3\\’27% del precio básico y la posibilidad que tienen las Comunidades Autónomas para incrementar hasta un 40% ese precio básico) son medidas que obedecen más a la lógica del beneficio empresarial que a las necesidades de la población.

El acceso de las y los jóvenes a la vivienda está condicionado por el continuo aumento del precio de la vivienda, como demuestra que los precios hayan subido más de un 40% en los últimos cuatro años, según el Informe de la Oficina del Defensor del Pueblo, o que en 2001, las familias destinaran un 43\\’3% de su renta bruta anual a la adquisición de una vivienda, mientras en 2000 dedicaban el 39\\’8% (Memoria 2001 del Consejo Económico y Social). El predominio de la vivienda en propiedad frente al alquiler, fomentado por las medidas fiscales, y el continuo descenso de la construcción de vivienda protegida, hasta llegar al volumen más bajo de su historia (un 12% del total en 2000), son factores que también retrasan la emancipación juvenil.

El Consejo de la Juventud de España apuesta por una polí­tica de vivienda que, entre otras medidas, actúe sobre las viviendas vací­as; priorice el gasto público directo e indirecto (incluida la polí­tica fiscal) para viviendas en régimen de alquiler; suponga una mayor implicación de los municipios en proyectos especí­ficos para jóvenes; promueva programas de alojamiento temporal. La polí­tica de vivienda pública debe contar con la partipación de las y los destinatarios en su diseño e incorporar el criterio de sostenibilidad en las nuevas promociones.