La empresa concesionaria del SER en la zona IV (distrito de Tetuán y parte de Fuencarral), la U.T.E. VEA, compuesta por las empresas API Conservación SA, VINCI PARK SA y ETRALUX SA, denunció a Amador Campa y Eduardo Palazuelo, vecinos del barrio del Pilar, como supuestos autores del delito de destrozos en 39 parquímetros del barrio del Pilar ocurridos en noviembre de 2006, solicitando para ellos penas de 3 años de cárcel, multa de 10.800 euros y una indemnización por daños de 130.935 euros (que en el mismo juicio pretendieron triplicar)

Un detective contratado día por la empresa, y otro contratado por este último, para vigilar los parquímetros de la zona y fabricar pruebas incriminatorias, declararon como testigos. Y también lo hizo el representante legal de la U.T.E. Vea, el Sr. Vara Martín, quien confesó ser el autor de una llamada “anónima” (como supuesto vecino del barrio del Pilar) en un programa de televisión (el día anterior de los supuestos hechos) en la que injuriaba y acusaba a uno de los procesados de ser el agitador y responsable de la “kale borroka” y de los destrozos en la zona.

El juez del juzgado de lo Penal nº 15 de Madrid, ante las contradicciones de los testigos y la poca consistencia de las pruebas aportadas, decidió la absolución a los acusados de los delitos y de todos los cargos que se les imputaban.

De nada han valido los montajes que las empresas concesionarias y el Ayuntamiento de Madrid realizaron en su día contra unos vecinos que fueron vigilados y gravemente ofendidos y ultrajados en su intimidad. De hecho las grabaciones de que fueron objeto por parte de los detectives privados fueron difundidas por televisiones el 7 de marzo de 2007, día que la presidenta de la Comunidad de Madrid pensaba recibir a los vecinos anti-parquímetros.
Con esta sentencia absolutoria, que se une a otras anteriores, se constata el fracaso de la política llevada a cabo por los responsables del Ayuntamiento de Madrid que, en lugar de atender las justas demandas vecinales, ha respondido con la represión y la criminalización de la lucha de los vecinos, insultando a sus destacados representantes.

Exigimos una reparación pública por parte de quienes, desde las empresas concesionarias y el Ayuntamiento de Madrid, han calumniado injustamente a los vecinos, y reclamamos, una vez más, la retirada de los parquímetros de los barrios periféricos, que no son útiles, perjudican gravemente a vecinos y comerciantes y además suponen un despilfarro para las arcas municipales.