Hoy hace un año que la APDHA comenzábamos la Campaña LA ANDALUCÍA INVISIBLE, por una Ley de Inclusión Social en Andalucía. A través de distintos actos: recogida de firmas, mociones, jornadas e informes, intentamos traer a un primer plano la situación de exclusión que viene padeciendo centenares de miles de personas en Andalucía así como la dejación de funciones de las diferentes administraciones públicas.

A fecha de hoy, día en el que celebramos los Derechos Humanos, el 29,3% de la población andaluza vive por debajo del umbral de la pobreza, 1.129.500 personas están paradas, el 28,55% de la población, casi diez puntos más (19,79%) de la media nacional .

Con este panorama sigue incomprensiblemente paralizada la necesaria Ley de Inclusión y con este van doce años. La actividad de nuestros parlamentarios está más preocupada de los intereses y antojos del capital con más recortes sociales y privatizaciones, que del cumplimiento real de los DERECHOS HUMANOS: vivienda, renta básica, salud, educación, trabajo.

El 18 de febrero de este año se aprobó “La Ley reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía”, por el Parlamento autónomo, que regula el derecho constitucional y estatutario a una vivienda digna y adecuada. Pronto cumplirá un año y se convertirá en papel mojado; una ley más que no se cumple, violándose el derecho fundamental de acceder a una vivienda digna para cada vez más familias que carecen de ella. Las Administraciones siguen insensibles a las personas en exclusión, justo este año 2.010 declarado AÑO EUROPEO DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL.

La APDHA denuncia la inexistencia de una política de vivienda que actúe firmemente como instrumento de equilibrio de los desajustes sociales. Una política de vivienda que dé respuesta a las más de 5.476 personas sin hogar que atendió Cáritas el año pasado (más de 500 en el centro de la capital andaluza ). Una política de vivienda que dé respuesta a los “tradicionales” asentamiento chabolistas y a los nuevos asentamientos repartidos por la geografía andaluza. Una política de vivienda que atienda a las necesidades de los 160 barrios marginados e ignorados en ciudades con más de 50.000 habitantes que suman un total de 1.296.708 personas, con medias de desempleo, analfabetismo e infravivienda que superan el 50% a la media estatal.

Una política de vivienda que ponga freno a la especulación de la vivienda que ha llevado consigo fuertes tasas de endeudamiento que han hecho inviable la vida cotidiana de muchas familias que ahora sufren desahucios y se ven en un callejón sin salida perseguidas por la banca con el beneplácito de las leyes.

En el 62 Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos desde la APDHA exigimos EL DERECHO AL USO DE UNA VIVIENDA DIGNA para lo que será necesario:

o Una política de vivienda que dé respuesta al derecho al uso disociándolo de la propiedad y que garantice, a todas las personas, el disfrute de una vivienda adecuada.

o Destinar de forma preferente los recursos públicos a formas de tenencia en la vivienda que garanticen seguridad y gastos soportables. Más vivienda pública y menos protegida.

o Que se incremente y no se siga desmantelando el parque público de vivienda por parte de algunos ayuntamientos para obtener algo de liquidez pues será “pan para hoy y hambre para mañana”.

o Rehabilitar las barriadas deterioradas dejando de gestionar las viviendas como entes físicos y comenzar a gestionar el HÁBITAT, englobando todos los aspectos que tienen que ver con la vida cotidiana, y que conforman nuestro hogar y el mantenimiento del mismo respetando los derechos medioambientales. Esta política daría un impulso a la creación de puestos de trabajo basados en una economía real al servicio de las personas.

o Garantizar la prioridad de los colectivos más vulnerables en la adjudicación de ayudas públicas, así como el establecimiento de los mecanismos necesarios para evitar toda forma de discriminación.

o Que se cambie el Código Penal para que el derecho al uso de la vivienda esté por encima del derecho de la propiedad.

o Que se regule la vivienda deshabitada (más de 100.000), para favorecer el alquiler y por tanto el derecho al uso de la vivienda.

o Evitar los desalojos originados por razones económicas y sancionar severamente a aquellos que pretenden forzarlos de manera ilegítima, como el acoso inmobiliario.

o Asegurar la participación efectiva e informada de todos los afectados por procesos de reforma urbanística, respetar sus derechos procesales y garantizarles, en caso de necesidad, el derecho a un realojo en condiciones razonables y, como mínimo, en condiciones similares a las preexistentes.

o Ponerle cara a los responsables de que no se cumpla el derecho al uso a la vivienda: la banca, los especuladores de la vivienda y las Administraciones y exigirles sus responsabilidades.