El presidente del gobierno socialista ha arrodillado a todo el pueblo ante
los intereses y las presiones de los mercados, de los banqueros, de los
empresarios. Su última decisión de privatizar Aena a través de Real
Decreto Ley, así como imponer por Decreto Ley condiciones laborales
ilegales al colectivo de control en contra del derecho a la negociación
colectiva y del propio estatuto de trabajadores, ha provocado el cierre del
espacio aéreo.

Entendemos que, una vez más, el sr. Blanco está intentando solapar el
expolio que supone el regalo a manos amigas privadas de los aeropuertos
españoles echando la culpa a un colectivo con el que no ha querido
negociar, al que se le han impuesto por decreto unas jornadas que, a la
postre, se han demostrado insuficientes para cubrir las necesidades de
cobertura real de los puestos de trabajo. No podemos obviar que,
independientemente del apagón del día de ayer, el control aéreo se
hubiera paralizado igualmente al cumplir los controladores en diciembre la
jornada establecida en el Decreto de Blanco.

La privatización de Aena supondrá la subrogación de los empleados a una
Sociedad Anónima, perdiendo la condición de empleado público y la
garantía en el empleo. Se dará entrada a criterios de beneficio puro y
duro empresarial, en contra de los actuales de seguridad, calidad del
servicio y defensa del pasajero. Eso es lo que está detrás de todo este
proceso, y no la defensa de reivindicaciones salariales, las cuales no
existen.

Aena es una empresa pública con más de 12.000 trabajadores, entre los
cuales se encuentran los colectivos de apoyo a pasajeros y compañías,
personal de mantenimiento, señaleros, bomberos, personal de operaciones y
gestión aeroportuaria, administrativos, médicos y ats aeroportuarios y
titulados universitarios, entre otros, y que representan el 80% del
personal de Aena.

El máximo responsable de esta crisis es el Ministro de Fomento, quien ha
decidido legislar a golpe de decreto, hurtando el debate sosegado del
Parlamento, y sometiéndose al dictado de los especuladores de capitales y
de las grandes empresas que se quieren repartir el pastel de Aena,
decisión que ni siquiera se ha tomado en el ámbito de este país. Aena es
una empresa pública, muy rentable y productiva, que no le cuesta un duro
al ciudadano, y que resulta muy apetecible para las grandes constructoras,
las cuales han presionado, y de verdad, para conseguir una regulación
adecuada a sus intereses.

La responsabilidad es del gobierno que ataca de nuevo para robar al pueblo
otra empresa pública y dárselo a las empresas de su entorno a verdadero
precio de amigo.

CGT/Aena condena que hayamos llegado a esta situación, y se solidariza
profundamente con los ciudadanos de este país que están sufriendo en sus
propias carnes la incompetencia de este gobierno. Animamos a todos los
afectados a materializar reclamaciones en los formatos oficiales de Aena.
Asimismo, ante un posible linchamiento mediático del colectivo de
trabajadores de control, queremos dejar claro que el responsable de la
situación es el gobierno, que ha provocado al colectivo de controladores
imponiendo mediante Decreto condiciones laborales absolutamente
irresponsables, con el fin de encubrir mediante el acoso y derribo de los
controladores su propia ineficiencia en los cómputos de jornada, así como
la privatización de Aena y el conflicto laboral que se avecina por la
subrogación de los empleados públicos de Aena a empresas privadas.

Por último, apelamos a la cordura, para que desde el Ministerio se abra
un diálogo social sobre este sector fundamental, y a que dejen de
solaparse problemas estructurales a través de buscar cabezas de turco.