La Confederación General del Trabajo (CGT) condena de forma rotunda el estado de alarma decretado por el gobierno. Supone la suspensión, a niveles prácticos, de los derechos constitucionales y lo más grave es que se decrete el estado de alarma con motivo de un conflicto laboral.

Es un antecedente gravísimo, nunca conocido en el Estado español, ya que
a partir de ahora podríamos estar asistiendo a la suspensión del derecho a la huelga, en cualquier sector donde las y los trabajadores tengan capacidad y fuerza para defender los derechos colectivos. El estado de alarma solamente fue impuesto en una democracia por políticos liberales como Reegan para doblegar los derechos legítimos de las y los trabajadores estadounidenses.

CGT denuncia la actitud autoritaria con la que está actuando el gobierno al aprobar por decreto ley el Estado de Alarma, es decir, la movilización de los controladores y controladoras aplicándoles el código militar, así como el decreto de la militarización del espacio aéreo español. El gobierno ha sido incapaz de resolver los problemas de forma democrática, e incapaz de dar marcha atrás en su deriva neoliberal que está provocando el mayor ataque conocido en el periodo democrático reciente contra los derechos laborales y sociales de los y las trabajadoras y las clases populares.

Para CGT resulta inadmisible que un gobierno autollamado socialista tenga que recurrir al ejército en el año 2010 para abordar los problemas sociales que ellos mismos están provocando. Son los únicos responsables de violar el convenio colectivo, decretar cuantas y cuáles son las horas de trabajo y violar salvajemente los derechos laborales, demostrando total ineptitud en la forma de afrontar los problemas. El gobierno no puede seguir actuando de manera autoritaria y militarista, a base de decretos-ley pasando por encima del derecho a la negociación colectiva y de los derechos laborales y sociales demostrando su desprecio absoluto por las reglas de juego de la democracia y colocando a los trabajadores en situaciones límite.

El problema de fondo del conflicto es que el gobierno ha decretado vender AENA para hacer caja y poder seguir pagando la deuda pública que tenemos
contraída como país como consecuencia de haber dado miles de millones de euros a la banca. La privatización de AENA significa dejar a la deriva a más de 12.000 trabajadores. AENA es una empresa pública muy rentable y productiva que el gobierno va a entregar en bandeja a sus grandes amigos del empresariado.

El gobierno está vendiendo el patrimonio público sin ningún tipo de escrúpulos, lo está vendiendo a precio de saldo al empresariado, a amigos poderosos que sólo desean obtener grandes beneficios económicos.

El gobierno no puede seguir provocando más a la clase trabajadora, como lo
hace en RENFE o en el METRO con servicios mínimos del 85% y presuponer que
no se va a producir ninguna movilización social, no puede seguir expoliando más a este país.

El gobierno está atravesando todas las líneas rojas de cualquier democracia, actuando con mano de hierro para imponer sus criterios, olvidando y negando todo tipo los derechos a las personas trabajadoras.

Los trabajadores y trabajadoras están hartos de pagar la crisis del capitalismo, hartos de que les roben como pueblo, hartos de sufrir este sistema social que sólo piensa en los intereses del capital financiero especulativo, hartos de que conviertan en negocio privado todos los servicios y empresas públicas.

La revuelta social de las y los trabajadores es la única respuesta ante la violencia del estado y del empresariado. La huelga es legítima y no cumplir con las reglas de domesticación, son legítimas, cuando el empresariado y el estado, violan dichas reglas.

El sindicato CGT defenderá y apoyará hasta final la lucha de los y las
trabajadoras de AENA. Igualmente, CGT se solidariza con los y las ciudadanas que están sufriendo de forma directa el conflicto ocasionado con motivo del cierre del espacio aéreo y hace responsable del mismo al gobierno que está atacando a los trabajadoras y trabajadores con decretos ley que regulan de forma dictatorial sus condiciones de trabajo.

CGT exige que el gobierno dé marcha atrás en sus políticas antisociales y antidemocráticas y, de forma concreta, no prosiga en sus decisiones adoptadas sobre la privatización de AENA y escuche a sus trabajadores y
trabajadoras.