La Confederación General del Trabajo (CGT) en el Paí­s Valenciano considera de suma gravedad el caso de irregularidades en la realización y justificación de los cursos del FORCEM que el Tribunal de Cuentas ha denunciado respecto a los años 1996, 97 y 98. Según este Tribunal más de 2 millones de euros han sido cobrados del INEM en concepto de gastos por cursos a trabajadores en activo y para reciclaje, cuando en muchos de ellos no consta que se hayan impartido o que las facturas adjuntadas correspondan a esos curso no realizados. También se ha detectado que muchos trabajadores estaban en listas de cursillos sin que hubieran asistido ni un solo dí­a a las correspondientes clases.

La colosal estafa implica a la propia Administración, a la patronal y a los sindicatos UGT y CC.OO. que son los que constituyen el patronato que gestiona la citada Fundación para la Formación Continua de Trabajadores. Estas irregularidades han sido detectadas en cursos de la patronal de Galicia, Baleares, C. Valenciana y Canarias y en actividades de formación de UGT en Andalucí­a y Valencia y de CC.OO también en Andalucí­a. El Tribunal también ha comprobado que 4.146 alumnos asistieron a más de cuatro cursos por año, lo que vendrí­a a significar que los cursos se han repartido con criterios de clientelismo entre las instituciones que controlan el FORCEM.

Desde la CGT exigimos que se depuren todas las responsabilidades de este nuevo escándalo polí­tico y sindical y que se restituyan al INEM unas cantidades que no han sido usadas (o se han usado mal) para los fines que se destinaron en principio; la formación de los trabajadores, sin distinciones ideológicas o de otra í­ndole.

Asimismo solicitamos que estos cursos, creados más para pagar determinados pactos a las organizaciones que los suscriben que para elevar los niveles culturales y profesionales de los trabajadores, sean en el futuro controlados, impartidos y adjudicados por organismos y profesionales ajenos al pasteleo mantenido por empresarios y sindicatos oficiales durante décadas.

Y ya puesto el dedo en la llaga del fraude, desde CGT pedirí­amos que también se investigue el destino de los muchos millones de euros que la Generalitat ha puesto en manos de sus más queridos "agentes sociales" (CC.OO., UGT y Confederación Empresarial Valenciana) tras cada acuerdo tripartito: los sucesivos PEV, el PAVACE y otros similares.

A la firma de estos acuerdos se han aprobado unas cuantiosas partidas para cursos, campañas y estudios previos que, estamos seguros unos ni se han realizado y otros se han efectuado parcialmente (para poder cobrar la subvención) pero lo que sí­ es cierto que de los impuestos de todos los ciudadanos se han desviado unos recursos que se prometió iban a servir para acabar con el paro, la precariedad o los accidentes laborales, pero que realmente han servido para financiar irregularmente a organizaciones afines o que colaboran en las polí­ticas del gobierno de turno.

Por último CGT-PV tiene que lamentar que las denuncias que nuestro sindicato lleva haciendo años sobre este particular en sus artí­culos y comunicados de prensa, no se han hayan tenido en cuenta y que ante la ratificación de nuestras acusaciones por el Tribunal de Cuentas se haya tejido una especie de pacto de silencio para que este caso de estafa pública se lleve con absoluta reserva. A ese consenso para una nueva "ley de punto final" a la española ya se han apuntado los implicados (UGT, CC.OO., CEOE y PP) y también la sumisa oposición y gran parte de las empresas de la comunicación. Esperamos que la verdad no se oculta de nuevo a la sociedad, una sociedad que ya ha demostrado su madurez para soportar certezas mucho más duras que ésta ahora descubierta.