En torno a 1.700 presos andaluces padecen la enfermedad del VIH, un 10%
del total. El tratamiento que se le dispensa debe ser calificado de inhumano. El
Ministerio del Interior es el responsable de que carezcan del adecuado
acompañamiento médico especializado y que fallezcan bajo el sistema
penitenciario. La Consejería de Salud comparte responsabilidad en la falta de
tratamiento médico.

Según datos oficiales, de las citas programadas con especialista en el
primer trimestre del año 2009 se perdieron el 51% de Jaén, 40% de Sevilla, 24% de Córdoba, 23% de Albolote, 21% de Puerto II, 21% de Algeciras, 18% Almería, 11% de Alcalá de Guadaira, 11% de Psiquiátrico, 9% de Huelva, 6% de Málaga, 6% de Puerto I, 1,5% de Puerto III. Boletín Oficial del Congreso de los Diputados nº 324 de 12 de enero de 2010.

En algunos casos como Sevilla, todas las pérdidas se debieron a falta de conducción policial dependiente del propio Ministerio de Interior. En Jaén del 51% de pérdidas el 39% obedeció al mismo motivo.

La media señala que sólo un 3% no fueron realizadas por negativa del interno. El resto lo fue por otros motivos ajenos a la conducción policial, pero igualmente responsabilidad de Interior. En prisiones como Puerto II, Córdoba, Albolote y Almería más de la mitad de las citas pérdidas fueron por otros motivos ajenos a la falta de conducción policial o negativa del interno.

En definitiva, es imputable al Ministerio del Interior que los presos con enfermedad grave, pierdan una y otra vez sus citas médicas con especialistas,
generando una merma en el tratamiento del preso, un desgaste psíquico
importante y en definitiva una mala administración de los recursos públicos, al
quedarse citas sin cubrir. Sólo con la integración de la sanidad penitenciaria en
el Sistema Nacional de Salud se superarán dichas deficiencias y desigualdades en el trato del enfermo libre y preso. La integración está prevista legalmente en la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud desde hace más de 5 años.

Debe de resaltarse igualmente que el 42% de los presos reconozca haberse infectado en la cárcel (Fuente: ex coordinador de la Comisión de Prisiones de la Coordinadora Estatal Cesida, Fernando González Culler) apunta a una negligencia constante de la Administración Penitenciaria.

Por otro lado, el número de presos fallecidos por VIH en las prisiones españolas entre los años 2005 y 2009 ascendió a 157. Andalucía con 44 es la
Comunidad Autónoma con más presos fallecidos por esta causa, a razón de
9, 11, 7, 8 y 9 en los citados años. Por prisiones: 16 en Sevilla. 6 en Córdoba, 5 en Albolote, 4 en Málaga, 3 en Algeciras, 3 en Huelva, 3 en Puerto II, 1 en Jaen, 1 en Almería, 1 en Puerto I, 1 en Puerto III. Boletín Oficial del Congreso de los Diputados nº 611 de 2 de octubre de 2007 y http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/AdvanceVersions/CAT.C.ESP.Q.5.A
dd1_sp.pdf

Andalucía como comunidad y Sevilla ocupan el primer lugar con más fallecidos por VIH en toda España. Triste primer puesto en violación de derechos humanos. Las excarcelaciones por enfermedad grave son restrictivas, tardías y con demasiadas condiciones.

La legislación siguiendo criterios humanitarios impone que los aquejados de
enfermedad grave e incurable no deben fallecer en prisión, por lo que han existido 44 vulneraciones de derechos humanos en Andalucía. Situaciones
incomprensibles si se analiza la diferencia entre número de fallecidos en
prisiones como Jaén o Almería con otras como Córdoba o Sevilla, lo que permite concluir que es una situación evitable y controlable.

Si la tasa de mortalidad global por VIH/sida fue de 2,74 por 100.000 en España en el año 2008 según el Informe de Mortalidad por VIH/Sida en España del Ministerio de Sanidad (http://www.isciii.es/htdocs/pdf/mortalidad.pdf) , en el interior de prisión fue de 15.000 por 100.000. Por tanto, 7.000 veces superior al exterior.

Algunas propuestas de la APDHA son

1.- Apuesta por la prevención: tratamiento para toxicómanos (construcción de
centros, viviendas tuteladas…) y enfermos terminales de SIDA, que ponga fin a la masificación en las cárceles, y con el foco de infecciones que actualmente es.

2.- Trato igualitario, para lo que se precisa la integración en el Sistema de Salud Público.

3.- Excarcelación de los enfermos terminales y flexibilización de las condiciones y requisitos para acceder a terceros grados y libertades condicionales de estos
enfermos desde el inicio de la condena.

4.- Inicio de procedimientos de reconocimiento de minusvalía que no pueden hacer los presos, precisando de la colaboración e iniciativa del área de trabajo social de prisión.