En relación a las causas abiertas contra el juez Baltasar Garzón, Carlos Dívar ha asegurado que “todos somos exactamente iguales ante la ley”. Todos menos las familias de los 113.000 desaparecidos por la represión de la dictadura franquista que continúan sin conocer las garantías que un Estado de derecho debe ofrecer a quienes han sido víctimas del delito más grave que existe en el derecho penal; la desaparición forzada (que consiste en un secuestro, torturas, asesinato y ocultación del cadáver). Tampoco han sido iguales ante la ley todos los violadores de derechos humanos de la dictadura que han eludido la justicia escudándose en una ley de amnistía que según los más importante organismos internacionales de derechos humanos no tiene ningún validez legal.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) considera lamentables las declaraciones del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, en las que se ha referido a la investigación que intentó el juez Garzón de los crímenes de la dictadura franquista como “el asunto de los temas relacionados con el régimen anterior”; cuando la justicia no quiere llamar a las cosas resulta difícil imaginar que quiera juzgar a una dictadura por sus delitos.

Resulta lamentable que el responsable del poder judicial español utilice un eufemismo aséptico para referirse al régimen dictatorial que cometió los delitos más graves que ha conocido nuestra historia. De ese modo es lamentable la coincidencia en el tiempo del nombramiento de Carlos Dívar, por acuerdo de los dos principales grupos parlamentarios, con el inicio de las diligencias del juez Baltasar Garzón con respecto a las graves violaciones de derechos humanos del franquismo en septiembre de 2008.

Hace semanas que la ARMH ha denunciado públicamente la operación de lavado de imagen que está llevando a cabo el Consejo General del Poder Judicial, para compensar el daño que le ha hecho a la justicia española la inculpación del juez Baltasar Garzón por haber tratado de investigar los delitos más graves que existen en el Estado español y que según el derecho penal son permanentes. Eso quiere decir que cada día que pasa vuelven a desaparecer en nuestro país 113.000 hombres y mujeres. Pero es difícil convencer a la sociedad de que un juez que lo que ha hecho es tratar de ayudar a víctimas que han pasado por algo tan duro sea por ello un delincuente.

Desde ningún punto de vista puede considerarse casual que ninguna instancia judicial esté llevando a cabo investigaciones sobre los crímenes de la dictadura o que el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, se haya atrevido a decir que el robo de miles de bebés llevado a cabo a presas republicanas y a mujeres de presos durante la dictadura ha prescrito, cuando ese secuestro se sigue llevando a cabo hasta que sea resuelto.