Este Tribunal parece creado con afán recaudatorio, puesto que establece unas tasas como compensación de la actividad desarrollada. Según las declaraciones del Viceconsejero, ascenderán a 600 euros, cantidad que más que animar la presentación de recursos, persuadirán para hacer todo lo contrario.

Aunque la Comunidad de Madrid ha manifestado que el Tribunal será independiente, su designación se realizará por el Gobierno regional a propuesta del titular de la consejería competente en materia de coordinación de la contratación pública, lo que en dudosamente ofrece garantías de independencia.

Aunque se afirma que no existe coste alguno, sólo el gasto de personal asciende a 227.575,69 euros, cantidad a la que hay que añadir otros 210.869, 59 en concepto de costes indirectos. Es deicr, cerca de medio millón de euros escasamente con la vocación de racionalización del gasto que anima la Ley de Acompañamiento y las políticas de adelgazamiento de las Administración Pública de la Comunidad de Madrid. Es más gravoso que la eliminación de la mayor parte de los organismos que se suprimen.

En resumen, la creación del nuevo Tribunal constituye un despilfarro irresponsable e introduce un más que sospechoso oscurantismo en la concesión de contratos precisamente en un momento donde el proceso de concursos está bajo sospecha después de los últimos escándalos de corrupción.

UGT-Madrid exige a la Comunidad de Madrid que abandone ese doble rasero a la hora de valorar qué se entiende por racionalización del gasto e impulse criterios de transparencia que devuelvan la confianza a los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad de Madrid.