Entre la lista de entidades que desaparecen se encuentra el Observatorio Regional del Empleo y la Formación (OREF), entidad que se creó por el Decreto 111/2005 de 6 de octubre, y que desde esa fecha viene realizando importantes funciones, entre otras, analizar el mercado de trabajo, diseñar y realizar estudios sobre las variables de dicho mercado o detectar necesidades de ocupación de las empresas y necesidades formativas de los trabajadores.

Entre esas funciones se incluía también el actuar como órgano consultivo, asesor y de participación en todo lo relativo a al empleo en la Comunidad de Madrid.
Sin embargo, el recorte es revelador de las intenciones del gobierno cuando se observa que éste era el único órgano relacionado con las políticas de empleo de la Comunidad en que tenían representación los sindicatos y organizaciones empresariales.

En el momento en que la Comunidad de Madrid tiene el mayor número de trabajadores y trabajadoras en situación de desempleo de su historia, y coincidiendo con el recorte de más de ochenta órganos colegiados y entes públicos, nuestra Presidenta aprovecha para eliminar un importante órgano como es el Observatorio Regional del Empleo y la Formación.

Lo más significativo del caso es que, además, el trabajo que realiza el Observatorio, como no podría ser de otra forma dada la importancia del mismo, se seguirá realizando con los mismos o similares costes que en la actualidad, con lo que el

ahorro presupuestario de la Comunidad de Madrid es igual a cero.

Así, el Gobierno tendrá las manos libres para interpretar de forma sesgada y parcial los datos provenientes de los estudios que antes realizaba el Observatorio, pero ya sin la incómoda fiscalización de los representantes de trabajadores y empresarios.

Para UGT lo que realmente se ha recortado es la representación de los trabajadores, que quedan sin voz ni voto en una parcela tan crítica en estos momentos como es el empleo en la Comunidad de Madrid.

Nos encontramos una vez más ante una prueba palpable de la importancia que concede el gobierno regional a la opinión de los trabajadores a través de sus representantes en asuntos de gran relevancia laboral como son las políticas de empleo y formación.