Las citadas afirmaciones, que fueron recogidas en acta de la reunión mantenida entre los representantes de los trabajadores y la Dirección de la empresa, firmadas y selladas por ambas partes, motivo por el que con la situación de cierre de la actividad del centro productivo de Móstoles que dejará a 214 trabajadores en el desempleo, así como el cierre de empresas que General Electric está realizando en España, han llevado a los representación sindical a pensar que podría ser cierta esta injerencia del Gobierno de los EEUU, motivo por el que se ha procedido a poner al presidente del Gobierno en antecedentes de la situación.

Los intencionados incrementos de stocks sin tener en cuenta las recomendaciones de los representantes de los trabajadores para reducirlos, los despidos que se han ido produciendo, la clara intención de la empresa de seguir despidiendo y que motivó multitud de denuncias a la Inspección Provincial de Trabajo de Madrid, así como las declaraciones de la Dirección de Recursos Humanos de disponer de ayudas para los despidos, todo ello ha motivado que el comité de empresa y la sección sindical de CCOO también se hayan dirigido a la Fiscalía General del Estado para pedir su consideración sobre si la forma en la que viene actuando la Dirección de la Empresa podría ser constitutiva de un presunto delito contra el empleo, por la vulneración del derecho fundamental al trabajo contemplado en la Constitución Española.

Los paros y concentraciones continuarán el próximo jueves, 18 de noviembre, sin descartar incrementar las movilizaciones, si no se consigue un plan Industrial que ayude a mantener el empleo o negociar un plan social adecuado a la problemática que se creará con el cierre de la planta, considerando que es una plantilla con una media de edad superior a los 45 años.