Esas desgravaciones benefician a familias con altos ingresos que han optado voluntariamente por la enseñanza privada y se implementan el año en el que el presupuesto educativo madrileño sufre el mayor recorte desde la implantación de la democracia, con una caída del 4,8%.

CCOO denuncia que mientras la enseñanza pública ve reducida drásticamente su financiación en los programas más relevantes, el Gobierno regional pone en marcha este nuevo “regalo fiscal” a las rentas más altas, contribuyendo a incrementar la desigualdad en la Comunidad de Madrid.

Para el sindicato esta decisión contrasta significativamente con la reducción del 66% en el capítulo de formación del profesorado (elemento imprescindible para la mejora del sistema educativo y el desarrollo profesional de los docentes), con el desplome de la inversión en construcción y mantenimiento de los centros escolares públicos (que cae un 10%), con la reducción del número de profesores (que ciframos en 2.500 y que el proyecto de presupuesto consolida), con el abandono de la Formación Profesional (cuyo capítulo permanece congelado a pesar de que el curso pasado más de 4.000 alumnos no obtuvieron plaza en la FP, quedando fuera del sistema educativo), con una nueva reducción en el capítulo del transporte escolar, con la reducción de todas las medidas de atención a la diversidad o con el nuevo varapalo a las universidades públicas (que sufren de nuevo un importante recorte en su financiación).

CCOO tacha de cínica la explicación dada por el Gobierno regional, en el sentido de que se trata de “ampliar las medidas de apoyo a las familias en el ámbito de la educación”. Será a unas pocas familias (las menos), a costa de la mayoría de las familias y de los alumnos/as madrileños, que verán recortados sus derechos.

El sindicato acusa al Gobierno regional de practicar una suerte de redistribución regresiva, porque recorta los derechos a los que más lo necesitan para incrementar las ayudas a los que menos lo necesitan.