Marruecos desalojó ayer por la fuerza el campamento de Agdeim Izik, donde 20.000 saharauis pedían, de forma pacífica, mejoras en sus derechos sociales y económicos. Por otra parte, ayer era el día fijado por la ONU para que Marruecos y el Frente Polisario reanudaran las conversaciones para intentar encontrar una salida pacífica al conflicto. Con su acción, Marruecos demostró que su intención no es encontrar una solución pactada al conflicto; la elección de esta fecha para desmantelar el campamento es una prueba evidente de su desprecio por la legalidad internacional.

Por su parte, el Gobierno español, ha dejado en evidencia su absoluta sumisión al reinó alauí en detrimento de la defensa de los Derechos Humanos y de la legalidad internacional. Las declaraciones de Trinidad Jiménez, Ministra de Asuntos Exteriores, y de Ramón Jauregui, Ministro de Presidencia, pidiendo calma a las partes sin denunciar la brutalidad marroquí es una prueba clara de esta sumisión. No se puede igualar a opresor y oprimido; a verdugo y víctima; a atacante y defensor. Marruecos tiene detrás a un ejército financiado por EEUU, Francia y España, entre otros; el pueblo saharaui tiene su dignidad y toda la arena del desierto.

La comunidad internacional debe posicionarse claramente del lado de los Derechos Humanos y responder con contundencia a esta nueva provocación de Marruecos. La UE, asimismo, debe asumir la responsabilidad que le corresponde y dejar de apoyar a una dictadura brutal y tirana. Para la UE, condenar y actuar en contra de la brutalidad marroquí supone situar la justicia y la legalidad internacional por encima de jugosos acuerdos comerciales.

Para Ecologistas en Acción, lo sucedido ayer en El Aaiún es una brutalidad que no debe ser permitida por más tiempo. La Comunidad Internacional, el Gobierno de España y la UE deben actuar concontundencia si no quieren que se mantenga por más tiempo este genocidio silencioso.