La agresión se ha producido contra el conjunto de los asistentes al juicio-farsa, entre los que se cuentan el catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del País Vasco, Juan Soroeta y el reconocido jurista aragonés Luis Mangrané, así como los corresponsales en Marruecos de TVE (Antonio Parreño) y Cadena SER (Eduardo Martín). A todos ellos les han requisado sus pertenencias personales y les han retenido por espacio de más de una hora, obligando incluso a los periodistas y al resto de observadores a eliminar el material gráfico que habían recogido de la agresión.

Esta es una muestra más de la absoluta y constante vulneración de los derechos fundamentales y de falta de respeto a la legalidad internacional que ejerce Marruecos no solo contra ciudadanos y ciudadanas saharauis sino contra todo aquel, nacional o extranjero, que ose poner en cuestión la ilegal y brutal ocupación de parte del territorio saharaui, o simplemente, intente comunicar la realidad de lo que allí está pasando.

Este clima de crispación e incremento de tensiones, que ha culminado hoy con estas agresiones a ciudadanos españoles, supone un indicio aterrador de lo que puede ocurrir con las miles de personas que se encuentran desplazadas en el campamento de Gdeim Izik (El Aaiún ocupado) desde el pasado nueve de octubre.

Según fuentes fidedignas que se encuentran en este campamento de protesta, la llegada de más de cien ambulancias provenientes de diversos puntos del país, sumado al mensaje transmitido por Jalihena Uld Rachid, presidente del CORCAS (Consejo Real Consultivo para los Asuntos Saharauís), supone una amenaza clara: o el campamento Protesta de Gdeim Izik es desmantelado antes del sábado día 6 de octubre, XXXV aniversario de la Marcha Verde, o las fuerzas marroquíes entrarán con este fin, utilizando todos los medios necesarios.

Es inadmisible que estos hechos se repitan de forma continuada ante la pasividad, si no complicidad, del gobierno español y de los organismos internacionales. Desde CEAS-Sáhara, reclamamos y volvemos a manifestar nuestra convicción de que el Gobierno de España, la Unión Europea y el resto de la comunidad internacional son responsables, si no por acción sí por omisión, de esta y todas las violaciones de derechos humanos que se cometen a diario por parte del gobierno marroquí.