El detonante de este conflicto ha sido el despido de una trabajadora de 61 años de edad que venía trabajando para RTVE desde hace más de 20 años, y que actualmente estaba contratada por obra en España Directo, programa que sigue en antena, sin que haya ninguna razón objetiva que justifique este hecho. Decimos el “detonante” porque este encierro responde también a la necesidad imperiosa de denunciar la agonía de RTVE, cuyos índices de producción propia están en mínimos desconocidos para este servicio público y a todas luces contrarios a la legislación vigente y a los mandatos de nuestro Parlamento.

Durante este tiempo hemos recibido la visita y el apoyo de nuestros cargos y representantes federales, de la inmensa mayoría de las fuerzas sindicales presentes en RTVE, del Coordinador General de Izquierda Unida, Cayo Lara, o de Joan Herrera, diputado por ICV, entre otros, y han acudido a nuestro lugar de encierro para interesarse por este problema personalidades de la política comola Ministra Garmendia, Leire Pajín, Celia Villalobos o José Antonio Alonso, sin que nada de esto haya resultado ser noticiable para nuestros medios.

El silencio por parte de nuestros Servicios Informativos es un atentado al código deontológico que debe presidir la profesión periodística y al servicio público que le ha sido encomendado, además de carecer de toda ética al optar por la ocultación y la manipulación ante este conflicto que están obligados a afrontar y resolver