La Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid ha registrado alegaciones en el periodo de información pública respecto a una nueva cesión de una parcela pública a una entidad privada.

En este caso se trata de la cesión de la Parcela 35 de 3.028 metros cuadrados del Sector 16 del Plan Parcial Los Santos Pilarica a la Congregación Religiosa que gestiona centro asistencial del Benito Menni acordada por el Ayuntamiento.

La Federación vecinal considera que el expediente adolece de nulidad de pleno derecho ya que, sin perjuicio de que los solicitantes realicen una labor social loable, es evidente que lo que está ocurriendo es que se está cediendo una parcela del Plan Parcial de uso colectivo general para el desarrollo de una actividad compatible, sin concreción alguna de en lo que se va a materializar la cesión.

En efecto, el objeto de la cesión de una parcela de 3.028,40 metros cuadrados, tiene por objeto construir nuevas instalaciones que permitan recoger “minirresidencias” para atención a personas con discapacidad mental. Pero se desconoce cuánto vaya a durar este proyecto o cesión, pues en el protocolo suscrito se menciona una duración de un año renovable y los solicitantes establecen 30 años (periodo de amortización), Asimismo se desconoce en qué consiste y como se materializa, en concreto, una “minirresidencia”.

Como consecuencia de esta falta de concreción del expediente, difícilmente se permite a los ciudadanos hacer aportación alguna en periodo de exposición pública, pues nada se concreta, vulnerando el procedimiento al dejar sin contenido efectivo uno de sus trámites, en de esa exposición.

La Federación vecinal considera que dicha parcela debe ser atribuida a una entidad pública y para la prestación de un servicio público. Máxime cuando estamos hablando de un precio de 883.000 euros. El interés del los vecinos de los alrededores y de los futuros vecinos del Plan Parcial exige que los poderes públicos sean muy prudentes a la hora de atribuir parcelas dotacionales a entidades privadas, cuando pueden surgir futuras necesidades de terrenos por parte de servicios públicos.

Y, en cualquier caso, que el acuerdo de cesión sea objeto de consulta previamente con la asociación vecinal de la zona con el fin determinar si pudiera afectar a necesidades dotacionales de la zona reivindicadas por la misma.