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Amigos de la Tierra y COAG han llevado a cabo la representación de la boda entre la Ministra Espinosa y la multinacional Monsanto. Esta acción simbólica busca denunciar el estrecho vínculo entre la administración y la industria de los transgénicos. El Gobierno español ha apostado por los cultivos transgénicos y mantiene una legislación que favorece claramente los intereses de las multinacionales y desprotege a los consumidores y agricultores.

España es el único país de la UE que cultiva maíz transgénico a gran escala. Mientras, otros países como Austria, Alemania, Bulgaria, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia o Polonia han optado por prohibir su cultivo basándose en evidencias científicas sobre sus impactos ambientales, la imposibilidad de evitar la contaminación genética de otros cultivos y sus incertidumbres sobre la salud.

El Gobierno hace recaer la responsabilidad de sus decisiones en la Comisión Nacional de Bioseguridad, un cuerpo supuestamente científico en el que solo hay 7 representantes científicos (de un total de 46 miembros), muchos de ellos públicamente defensores de los transgénicos, con relaciones demasiado cercanas a esta industria, a sus fundaciones y lobbies, como para que los consumidores podamos estar tranquilos. Entre los representantes de la Administración dentro de la Comisión, también hay algunos que mantienen una relación demasiado estrecha con la industria.

El apoyo del Ministerio a la industria de los transgénicos genera numerosas protestas desde las organizaciones de la sociedad civil. Y cuando estas opiniones molestan en los organismos de participación, el Ministerio hace lo posible por ponerles fin. Es el caso del Grupo de Trabajo sobre Transgénicos del Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA), donde están representadas las 5 asociaciones ecologistas estatales, sindicatos, organizaciones agrarias y tan solo dos representantes empresariales. Tras una reunión donde el Gobierno decidió invitar de forma irregular a todas las asociaciones empresariales que ejercen de lobby a favor de los transgénicos, el Ministerio ha creado otro organismo de participación, donde se rebaja la presencia de las organizaciones ecologistas y se incrementa la de la industria.

Otro claro ejemplo de la vinculación y total apoyo del Gobierno a la industria es el regreso al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino de uno de los principales responsables de la introducción de los transgénicos en España bajo la administración del PP. Martín Fernández de Gorostiza, en aquel momento Director de la Oficina Española de Variedades Vegetales, fue denunciado ante la Fiscalía de Medio Ambiente por una coalición de organizaciones sociales (entre ellas Amigos de la Tierra y COAG) por compatibilizar cargos en el Ministerio de Agricultura con la coordinación del Observatorio de Biotecnología del Foro Agrario, una organización de promoción de los transgénicos ligada a la Fundación Antama, que ejerce de lobby y relaciones públicas de las multinacionales de los transgénicos, como Monsanto y Syngenta. Esta denuncia le forzó a abandonar el Ministerio. Sin embargo, el Ministerio de Elena Espinosa le ha recuperado para trabajar en temas de agricultura ecológica.

"El ministerio de Espinosa no tiene ningún reparo en fichar, precisamente para asesorar sobre agricultura ecológica, a uno de los peores personajes
de la administración del PP. Si algo define la gestión de este Gobierno
sobre transgénicos es el oscurantismo, la confluencia de intereses y la
defensa a ultranza de los intereses de las multinacionales" dijo Blanca G.
Ruibal de Amigos de la Tierra.

Coincidiendo con el Día Mundial de la Alimentación, 16 de octubre, Andoni
García, responsable de seguridad alimentaria de COAG, ha subrayado que "la
apuesta del Gobierno por los transgénicos es incompatible con una
alimentación sana y segura".