anto Carlos Vielman como el ex director de la Policía Nacional Civil, Erwin Sperisen –que actualmente reside en Suiza–, así como otros ex oficiales están siendo objeto de indagaciones por la muerte de presos de dos centros penitenciarios guatemaltecos en 2005 y 2006.

“Estos ex altos cargos deben ser devueltos a Guatemala para que se enfrenten a la justicia o llevados a juicio en sus países de residencia de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos,” dijo Sebastian Elgueta, investigador sobre Centro America de Amnistía Internacional.

Carlos Vielman y Erwin Sperisen están acusados, junto con otras personas, de implicación en la ejecución extrajudicial de presos fugados de la prisión de El Infiernito en octubre de 2005, así como en la ejecución extrajudicial de internos de la prisión de El Pavón en septiembre de 2006, además de otros crímenes.

Siete internos resultaron muertos durante la Operación Pavo Real, organizada para retomar el control de la prisión de El Pavón.

El Ministerio de Gobernación y la policía manifestaron entonces que las muertes se habían producido durante los enfrentamientos con los funcionarios de prisiones. Sin embargo, un informe de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala fechado en diciembre de 2006 concluyó que los presos habían muerto por impacto de bala y que habían sido ejecutados extrajudicialmente.

“Los Estados donde estos individuos residen tienen ahora la oportunidad de demostrar su compromiso con las normas del derecho internacional de los derechos humanos,” declaró Sebastian Elgueta.

“A menos que estos crímenes sean castigados, la impunidad prevalecerá en Guatemala,” subrayó el investigador sobre Centro America de Amnistía Internacional.

Información complementaria

Hace más de dos décadas, en 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas dio la bienvenida a la adopción de los Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, en los cuales se establece que los Estados deben asegurar que las personas sospechosas de ejecuciones extrajudiciales deben ser juzgadas o extraditadas.

Los cargos contra Carlos Vielman, Erwin Sperisen y otros 17 individuos, algunos de los cuales se encuentran ya detenidos, fueron interpuestos por la oficina del Ministerio Público con apoyo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), organización patrocinada por Naciones Unidas. Desde su creación en 2007, como consecuencia de un acuerdo entre el gobierno de Guatemala y las Naciones Unidas, la CICIG ha trabajado junto con el Ministerio Público en varios casos de alto impacto.

Amnistía Internacional no se posiciona sobre si los sospechosos son responsables de estos crímenes, los cuales tienen derecho a la presunción de inocencia hasta que se pruebe lo contrario más allá de toda duda razonable.