Los secretarios generales de las Organizaciones Sindicales, CCOO, CSI·F, Sindicato Libre, CGT, ESK e Intersindical Valenciana, con el 75% de la representación de Correos, han hecho entrega en la puerta del Congreso de las enmiendas a la totalidad del Proyecto de Ley Postal a los grupos parlamentarios, coincidiendo con el debate de totalidad de iniciativas legislativas del Proyecto de Ley del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal.

CCOO, junto con el resto de las organizaciones sindicales, considera que la gestación del Proyecto de Ley Postal no ha sido consensuado con la participación de representantes de los trabajadores, ni con la de las fuerzas políticas ni con la de los usuarios, y se realiza en el peor contexto económico posible para compaginar la liberalización del sector y las garantías precisas en la prestación del servicio público.

El Gobierno ha optado por la opción más neoliberal de la Directiva en un contexto económico de crisis, a dos meses de la completa liberalización del mercado y con una coyuntura económica para Correos que arrastra un déficit de 2 millones de euros, con 7.000 puestos de trabajo suprimidos en 2 años, como recogen los datos empleados por el Ministerio de Fomento, con un recorte económico en los Presupuestos Generales del Estado 2011 que se refleja en las inversiones y el recorte de la servicio postal público prestado a los ciudadanos.

La liberalización del sector postal supondrá a Correos la pérdida del área reservada de cartas interurbana de hasta 50 gramos y el segmento de negocio de 1.000 millones de euros, con el que el operador asumía el coste del servicio público prestado a los ciudadanos. En este sentido, mientras que el Gobierno cifraba el coste del Servicio Postal Universal en 240 millones de euros en 2008, la partida destinada en los presupuestos de 2011 ha sido de 42 millones de euros. Financiación claramente insuficiente para poder asumir el coste de la prestación que Correos deberá asumir durante los próximos 15 años y que si no se rectifica supondrá la reducción de la prestación con pérdida de empleo, cierre de oficinas, reducción de horarios y una rebaja en la calidad del servicio.

El Estado evade la financiación del servicio público y deposita la carga en los usuarios, un 2%, y en los operadores privados que accederán a la red de Correos y al área reservada, con un mínima contribución de 1.5 millones de euros.

Para la Mayoría Sindical de Correos, el Proyecto de Ley Postal y los Presupuestos Generales del Estado van a posibilitar que Correos se convierta en un simple operador residual de la parte no rentable, con la obligación de prestar un servicio público deficitario cuyos costes son inasumibles y con una inevitable reducción de plantilla, mientras que los operadores privados conciertan con acuerdos políticos la parte más rentable del mercado.

La Mayoría Sindical ha aprobado ya el inicio de un proceso de movilizaciones que se extenderá a lo largo del mes de octubre y noviembre para tratar de reconducir una Reforma que de ponerse en marcha en estas condiciones, será un fracaso anunciado.