En concreto, según Ecologistas en Acción, en 1997 en nuestro paí­s habí­a más de 30.000 construcciones situadas dentro de los cauces o en la zona de influencia directa de los mismos. Como consecuencia de ello, cuando se producen lluvias torrenciales se suelen producir grandes pérdidas materiales, y en algunos casos también de vidas humanas.

En los últimos años, lejos de haberse reducido el número de viviendas e infraestructuras situadas en zonas de riesgo de inundación, éste se ha incrementado, por lo que previsiblemente los daños materiales y pérdida de vidas humanas como consecuencia de las inundaciones se va a seguir incrementando en los próximos años.

Los principales responsables de esta situación son las administraciones públicas, tanto la Estatal como las autonómicas. El control de los cauces le corresponde a las Confederaciones Hidrográficas, dependientes del Ministerio de Medio Ambiente. Sin embargo, su conocida inoperancia, unido a su absoluta falta de sensibilidad medioambiental (pues sólo están interesados por la construcción de grandes obras hidráulicas), hace que sus intervenciones en la protección del dominio público hidráulico se produzcan en muchos casos tan sólo de forma anecdótica, permitiendo que se sigan ocupando los cauces con total impunidad. Por otra parte, las Comunidades Autónomas, como responsables que son de la polí­tica urbaní­stica, deberí­an frenar este desarrollo urbaní­stico incontrolado en las zonas de riesgo de inundación. Sin embargo, en la mayorí­a de los casos, no lo frenan, y en algunos incluso lo promocionan.

Cuando se produjeron las tragedias de Biescas y Badajoz, las administraciones públicas aceptaron la propuesta de Ecologistas en Acción de establecer como trámite obligatorio para la concesión de una licencia de construcción, un procedimiento de evaluación de los riesgos naturales (parecido al de evaluación de impacto ambiental). Sin embargo, una vez que dejo de ser noticia de actualidad, el tema se olvidó, probablemente por la oposición de determinados sectores económicos y polí­ticos completamente contrarios a que se incremente el coste de la vivienda y por tanto se puedan reducir algo los grandes beneficios económicos de los promotores inmobiliarios.

En la elaboración del Plan Hidrológico Nacional, el Ministerio de Medio Ambiente incorporó un artí­culo propuesto por Ecologistas en Acción, por el que las Administraciones deberí­an proceder a la eliminación de todas las construcciones y demás infraestructuras existentes en el dominio público hidráulico y en otras zonas de riesgo de inundación. Sin embargo, hasta la fecha el Ministerio no ha hecho absolutamente nada en ese sentido, parece que lo único que importa es la construcción del trasvase del Ebro y de grandes embalses.

Por todo ello, y ante la pasividad, cuando no complicidad, de la administración hidráulica y de las administraciones urbaní­sticas, el numero de construcciones en los cauces sigue aumentando, por lo que el riesgo de que se produzcan tragedias como las de Biescas o Badajoz, no sólo no se ha reducido, sino que se sigue incrementando. Ecologistas en Acción hace responsables a la administración hidráulica (dependiente del Ministerio de Medio Ambiente) y a las administraciones urbaní­sticas regionales, de la mayor parte de los daños materiales y pérdida de vidas humanas que pudieran producirse a causa de las inundaciones.