El sindicato considera que si la presidenta tiene pruebas de delitos cometidos, debe presentarlos en la Justicia y que sean los jueces quienes decidan si se ha cometido alguno el día 29 de septiembre.

CCOO anima a los poderes públicos a investigar quienes han infringido el artículo 35 del Código Penal. Con este objetivo ambas organizaciones sindicales informan que han denunciado y puesto en manos del fiscal por “el impedimento y limitación del ejercicio de derecho de huelga” (art. 35.1 del Código Penal) los servicios mínimos abusivos y contrarios a la Ley que ha decretado la presidenta regional, tal y como señala la sentencia del Tribunal Supremo.

CCOO denuncia que la presidenta de los casi 563.700 parados y de los regalos fiscales a los ricos, utiliza la responsabilidad que le han otorgado los madrileños para mentir a la ciudadanía, hostigar y provocar los enfrentamientos en su seno y autonombrárse, además de lideresa nacional, jueza para declarar delincuentes a los huelguistas del 29-S.

El sindicato considera que el Gobierno regional debe de dejar de echar balones fuera y enfrentarse a la crisis en la Comunidad de Madrid. El gran seguimiento en la región de la jornada de huelga y de la manifestación, son razones suficientes que exigen un cambio en las políticas y en la conductas de la presidenta regional.