El próximo lunes 20 de septiembre, a las 20:30 horas tendrá lugar en la Sala San Borondón de La Laguna una charla-coloquio sobre "CHO VITO Y LA JUSTICIA EN CANARIAS", a cargo del abogado José Manuel Rivero (Asociación Justicia y Sociedad). El acto, en el que participarán los representantes de los vecinos afectados, se enmarca dentro del Ciclo "La Alternativa Sostenible, Democrática y Social".

Los vecinos, apoyados por numerosos colectivos y asociaciones ciudadanas, consideran que desde las instituciones públicas se actúa con doble rasero, al no intervenir ante casos flagrantes que afectarían de lleno a influyentes constructores y a no pocos complejos turísticos. Su lucha no ha cesado desde el año 2005, en que, paralelamente con la investigación y el asesoramiento jurídico, han llevado a cabo manifestaciones, concentraciones y hasta huelgas de hambre, la última de ellas, de once días. En octubre de 2008 Costas ejecutó el derribo de una veintena de viviendas, quedando aún una decena de ellas.

Una huelga de hambre mantenida por seis vecinos del poblado marinero desde el día 1 al 11 de septiembre, como medida de rechazo a la ejecución de la orden de nuevo derribo fijada para este lunes 20 de septiembre, produjo una reunión el pasado día 10 en Madrid. En ella estuvieron presentes la directora General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Alicia Paz, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno canario, Domingo Berriel, el presidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior, el subdelegado del Gobierno en Tenerife, José Antonio Batista y la consejera insular de Planificación del Cabildo de Tenerife, Pino León.

Acordaron ampliar el plazo para la ejecución de las resoluciones de desalojo hasta el 30 de noviembre, entre otros argumentos, el "arbitrar las medidas pertinentes para resolver el problema social de la vivienda de los afectados". También acordaron adoptar la "máxima coordinación y cooperación" para que, en aplicación de las previsiones del marco jurídico vigente, se preste la "mutua asistencia" en las soluciones de aplicación de la Ley de Costas que, garantizando el uso público y rescate en su caso del dominio público marítimo terrestre y la adecuada protección de su naturaleza, "sea compatible con la protección de todos los intereses generales concurrentes, como son la conservación de los valores patrimoniales, culturales y sociales anudados a su preexistencia".