A finales de julio de 2010, el gobierno de ultraderecha de Nicolás Zarkozy
anunció el inicio de las expulsiones masivas de gitanas y gitanos rumanos
y búlgaros. Una circular del Ministerio del Interior francés ordenaba a
los prefectos evacuar “300 campamentos o asentamientos ilegales en el
plazo de tres meses, concediendo prioridad a aquellos ocupados por
gitanos”. Es la primera vez desde la II Guerra Mundial que en Francia una
minoría es atacada en su conjunto sobre una base “étnica”, a pesar de ser
parte integrante de la ciudadanía de la UE.

CGT opina que estas medidas no son más que una parte de una ofensiva
represiva mucho más amplia, que señala con el dedo a comunidades y grupos
sociales enteros. La propaganda del poder difunde, y da por ciertos
falsos, mensajes sobre los gastos que producen los y las migrantes o sobre
la relación de la migración con la delincuencia o la inseguridad,
estigmatizando a miles de personas por su origen, o más bien por su
situación económica, y condenando una vez más a las clases populares a la
pobreza y la exclusión.

La expulsión de personas de etnia gitana de Francia no es solamente un
acto de racismo, xenofobia y violación de los derechos humanos, sino que
supone la constatación de la construcción de un capitalismo asimétrico (la
Europa de varias velocidades).

Mientras apenas ninguna voz se alza en defensa de los derechos del pueblo
gitano, la clase política europea, con Zapatero a la cabeza, desautoriza
incluso las críticas vertidas por la comisaria europea Reding hacia las
medidas impuestas por el gobierno francés.

Ante esta situación, CGT reitera la repulsa ante la expulsión y acoso que
sufren las gitanas y gitanos rumanos y búlgaros, y ante la creciente
represión y persecución de migrantes, personas empobrecidas y clases
populares justificada desde el poder mediante el discurso de la
inseguridad.

Frente a esto, CGT hace un llamamiento a la solidaridad y al apoyo mutuo
entre trabajadores y trabajadoras, sea cual sea su condición, nacionalidad
o etnia.