La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid comunicó el pasado 1 de septiembre a la AV Valle Inclán de Prosperidad su intención de ordenar la ejecución forzosa del local que la entidad ocupa solicitando para ello la oportuna autorización judicial. El Gobierno regional reaccionaba así a la decisión de la asociación de no entregar las llaves del local en el que la entidad desarrolla sus actividades, en régimen de cesión, desde hace cinco años antes del 31 de julio, plazo otorgado por la Consejería para recuperar las dependencias. Gloria Cavanna, portavoz de la entidad vecinal recuerda que “en un acto público, el 5 de julio entregamos las llaves del local a los vecinos de Prosperidad, que son los que lo usan a diario, y éstos optaron por no consignarlas a la Comunidad de Madrid, así que no lo vamos a hacer ahora. Resistiremos ante el desalojo pues consideramos que es necesario un local público para seguir con las actividades en el barrio”.

El pasado 15 de junio, a pesar de que funcionarios del Gobierno regional habían garantizado verbalmente la renovación de la cesión del local, el colectivo ciudadano recibió una carta de la Comunidad de Madrid para que, en fecha 5 de julio, entregara las llaves. Valle-Inclán no sólo no lo hizo sino que, en ese periodo, recabó centenares de adhesiones ante una medida que “constituye un nuevo ataque al movimiento vecinal y un recorte más de los derechos sociales de la ciudadanía con el pretexto de la coyuntura económica”. Además del PSOE e IU y de organizaciones como la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAVM), la FAPA Giner de los Ríos, ATTAC o la Asamblea de Movimientos Sociales de Madrid, personalidades como Carlos París, presidente del Ateneo de Madrid o Federico Mayor Zaragoza, presidente de la fundación Cultura de Paz y ex director general de la Unesco han mostrado su apoyo cerrado a la entidad ciudadana frente a una “decisión incomprensible e injustificable” de la Comunidad de Madrid, en palabras de este último.

A pesar de todo ello y de la intensa actividad que Valle-Inclán desarrolla actualmente en el local amenazado, el Gobierno regional se ha negado a negociar una prórroga de la cesión, llevando a cabo así, en palabras de Cavanna "un ataque más al movimiento vecinal” que “requiere una respuesta”. El desalojo, añade, “es un nuevo recorte a los derechos sociales que afecta a toda la ciudadanía. No sirven los criterios puramente monetaristas ni el pretexto de la crisis, el local es imprescindible, por lo que seguiremos movilizando a los vecinos, denunciando lo que consideramos es obstaculizar la labor de esta asociación en su justa lucha por tener un barrio cada día mejor”.