CCOO se opone a la subasta de viviendas sociales del Ayuntamiento de Madrid prevista para el próximo lunes. Para el Sindicato, se trata de otro recorte social que se añade a los puestos en marcha por las diferentes administraciones con motivo, o con la disculpa de la crisis y que, en este caso, perjudica directamente a las 630 familias que viven en esas viviendas. Esta operación de vender edificios enteros de viviendas sociales, junto con sus inquilinos, a empresas que tienen garantizados unos grandes beneficios cuando en pocos años finalicen los actuales contratos de alquiler y puedan vender o alquilar libremente esas viviendas, en opinión de CCOO, resulta injustificada e injustificable. Con un precio medio en el entorno de los 100.000€, las plusvalías en el edificio de Sanchinarro, por ejemplo, van a ser escandalosas.

No hay que olvidar que estamos hablando de viviendas financiadas con fondos públicos, dentro de un plan de alquiler para menores de 35 años con bajos ingresos, anunciado a bombo y platillo en su momento. Para el Sindicato, no resulta de recibo que el Ayuntamiento esté facilitando un gran negocio a las empresas que las adquieran, mientras que se desentiende totalmente de los actuales ocupantes. En este sentido, la necesidad que pueda tener el Ayuntamiento de Madrid de obtener ingresos no justifica cualquier medida. No se ha intentado buscar otras posibles soluciones, negociadas con los afectados y se ha optado por la más negativa para éstos.

Asimismo, se trata de una absoluta contradicción con los objetivos anunciados recientemente por el responsable de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), titular de estas viviendas, de crear un parque municipal de vivienda en alquiler real, objetivo que CCOO comparte plenamente. Parece evidente que tienen una magnífica oportunidad de empezar a constituir ese parque, conservando esas 630 viviendas y volviendo a alquilarlas cuando transcurran los 10 años de los actuales contratos.

El ataque al Estado del Bienestar, a los derechos de los trabajadores y trabajadoras de este país, el recorte de salarios, congelación de las pensiones y además la eliminación de recursos públicos como son las viviendas sociales, que encarecen el alquiler por vivienda de una parte importante de la población trabajadora, justifican la convocatoria de Huelga General del día 29 de septiembre promovida por CCOO y UGT.