Cada 30 de agosto, organismos de derechos humanos de todo el mundo conmemoran el Día internacional de los Desaparecidos y Desaparecidas. Se trata de una fecha que tiene por objeto denunciar la existencia de miles de familias en el mundo a las que les fue arrebatado uno de sus miembros, detenido ilegalmente, asesinado y y cuyo cadáver ha sido escondido como una forma de castigo tras la muerte.

Se trata del delito de mayor gravedad que contempla el derecho penal y por eso su resolución y el derecho de las personas que lo han padecido a la verdad, a la justicia y a la reparación debe ser atendido con urgencia, rigor y compromiso por parte de los Estados.

En el caso del Estado español hoy en día existen numerosas fosas comunes en las que podrían encontrarse como mínimo los restos de 113.000 hombres y mujeres, asesinados dentro del plan de exterminio de los responsables de la dictadura franquista. Sus familias los siguen buscando y esperando pero todavía no han podido recibir la asistencia de un Estado que los busque y averigüe qué ocurrió con ellos.

El delito que se comete contra un desaparecido es de tanta gravedad porque se trata de un conjunto de crímenes lesivos concentrados en una persona. Es además un delito permanente y eso quiere decir que se está cometiendo todos los días. Por eso el secuestro de un cadáver, en nuestro caso de más de cien mil, requiere urgencia de las instituciones a la hora de actuar. Cada día que el Estado no hace nada por encontrar a esos desaparecidos está omitiendo su deber en poner fin a un secuestro y según el Convenio Europeo de Derechos Humanos en una forma de maltrato a las familias.

El Estado español ha recibido indicaciones de diferentes organismos internacionales: desde Naciones Unidas, el Consejo de Europa o la Comisión Internacional de Juristas para que sea parte activa en la búsqueda de los desaparecidos y desaparecidas y no delegue esa responsabilidad en las familias que es una forma de culpabilizarlas.

Pasividad en las instituciones españolas

Desde que el 18 de diciembre de 1992 el Gobierno de España votara favorablemente la “Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas” en la asamblea a de la ONU hasta hoy han sido diversos los compromisos adquiridos por el Estado español en esa materia y que son incumplidos permanentemente, cada día en el que las instituciones públicas omiten sus deberes. El próximo 24 de septiembre se cumple un año desde que el gobierno español ratificó la convención contra la desaparición forzada que nuestros poderes llevan incumpliendo desde el minuto uno de su ratificación.

La pasividad de las instituciones españolas y su tolerancia en la existencia de decenas de miles de hombres y mujeres desaparecidos es un menosprecio a las víctimas y una forma de protección de los victimarios que han conservado todos sus privilegios incluido el de no tener que aportar ninguna información acerca del paradero de las personas que hicieron desaparecer.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que el próximo otoño cumplirá diez años de existencia, va a seguir llevando a cabo labores que le corresponden al Estado, ayudando a las familias de los desaparecidos y denunciando la discriminación que sufren quienes no han podido todavía dar una sepultura digna a un ser querido, asesinado por la represión franquista.