La crisis económica ha incidido fuertemente en el empleo de tal manera que una de las consecuencias más negativas de la crisis en nuestro país ha sido el incremento espectacular en el número de trabajadores desempleados. Desde el verano de 2008 hasta julio de 2010 el número de desempleados se ha incrementado cerca de un 73%. Desde el inicio de la crisis han perdido su empleo 8.100 trabajadores al mes como media.

A su vez, los datos del paro registrado ponen de manifiesto que el paro de larga duración está aumentando en la Comunidad de Madrid y también el número de personas desempleadas que no tienen ningún tipo de prestación económica.

En junio de este año el paro de larga duración (más de un año buscando empleo) afectaba a 149.959 personas y en los siete primeros meses del año 2010 ha aumentado en 34.930 personas, mientras que el total de personas en paro lo ha hecho en 10.791, y en los últimos dos años han aumentado en 85.949 personas. Esto significa que el paro de larga duración ha pasado de representar del 25,5% al 32,40% sobre el total de las personas sin empleo (462.720).

Los sindicatos señalan que estas dificultades para encontrar empleo y el aumento del tiempo en desempleo no sólo afectan a la cualificación profesional, sino que también conllevan el agotamiento de las prestaciones. En Madrid, el número de personas paradas sin prestaciones ha aumentado en 18.000 en seis meses, de tal forma que 157.000 desempleados no cobran ningún tipo de prestación por desempleo.

UGT y CCOO denuncian que la falta de empleo y la grave situación por la que están atravesando muchos trabajadores madrileños no tienen ninguna importancia para nuestros gobernantes, como demuestran las medidas puestas en marcha por el Gobierno central y profundizadas por el regional, que vuelven a descargar la crisis sobre los trabajadores a través del recorte del gasto social, reducción de las inversiones públicas y por tanto las posibilidades de recuperación económica para generar empleo, la bajada de salarios, así como aprobando reformas laborales que dan más facilidades a los empresarios para despedir con menores costes.

El Gobierno regional debería contemplar el desarrollo de medidas para reforzar el Servicio Regional de Empleo, que es de su competencia, así como complementar la cobertura económica del sistema estatal de protección por desempleo como vienen reivindicando CCOO y UGT.

Los sindicatos reclaman medidas que realmente generen actividad económica y empleo, ayudas a las personas desempleadas y sus familias, ajuste del déficit por la vía de los ingresos y reformas laborales que garanticen los derechos de los trabajadores y protejan a los desempleados.