El Gobierno ha privatizado el desempleo en este país al ceder la intermediación laboral a las agencias privadas de colocación con ánimo de lucro, que tendrán además competencias queafectarán a las prestaciones de desempleo de los trabajadores. En este sentido, previo convenio de colaboración con los Servicios Públicos de Empleo, tendrán las siguientes competencias:

- El control del trabajador que percibe prestaciones por desempleo. Deberá acudir cuandolo requiera la agencia privada y acreditar que ha comparecido en el lugar y fechaindicados para cubrir las ofertas de empleo si no desea incurrir en una infracción.

- Determinar los trabajos de colaboración social, programas de empleo o acciones de promoción, formación o reconversión profesionales que debe realizar el desempleadobeneficiario de prestaciones. En caso contrario, podrá incurrir en infracción grave, con la consiguiente pérdida o extinción de las prestaciones por desempleo.

- Determinar cuál es la oferta de empleo adecuada que el desempleado está obligado aaceptar y cuyo rechazo conlleva la pérdida o extinción de las prestaciones por desempleo.

A juicio de UGT, el Gobierno en lugar de modernizar y reforzar los Servicios Públicos de Empleo, tal y como le viene pidiendo desde hace tiempo (En Europa, hay un empleado de los SPES por cada 50 personas desempleadas, mientras en España hay uno por cada 200 personas) ha optado por el atajo, haciendo más vulnerables a los trabajadores desempleados,que pasan a ser objeto de negocio.