Para UGT Madrid el elevado número de trabajadores y trabajadoras en paro, junto a la contratación temporal, ya que de los 164.436 contratos firmados durante el pasado mes de julio, 144.754 tienen este carácter y la elevada rotación contractual que sigue produciendo, siguen siendo rasgos muy negativos que caracterizan el mercado laboral en nuestra región.

Esta elevada temporalidad y rotación en la contratación explica, en parte, que en la Comunidad de Madrid el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social haya descendido en 7.760 personas, contrastando fuertemente con lo ocurrido a nivel nacional donde se ha registrado un aumento de 62.541 trabajadores cotizantes a la Seguridad Social.

Para UGT Madrid estos datos muestran la errática dirección de la reforma laboral del Gobierno donde la situación de los trabajadores en el mercado laboral se va a caracterizar por la dificultad de acceso al empleo, ofertas de trabajo que se van a seguir caracterizado por la temporalidad a lo que hay que añadir mayores facilidades para despedir a los trabajadores sujetas a la discrecionalidad del empresario.

En este marco los trabajadores en paro, muy especialmente los trabajadores desempleados de larga duración, mayores de 45 años y los jóvenes, van a verse perjudicados por esta reforma laboral del Gobierno que apuesta por la degradación de las condiciones del empleo y no por su potenciación y dignificación.

En el ámbito de la Comunidad de Madrid, UGT-Madrid sigue reclamando la puesta en marcha de actuaciones efectivas al Gobierno Regional dirigidas a la creación de puestos de trabajo de calidad. Rechazamos el planteamiento obsceno de que es mejor un puesto de trabajo precario, temporal o incluso ilegal contrapuesto a la situación de desempleo, en un intento de explotar la situación de desesperación de los trabajadores y trabajadoras que están en paro, ofreciendo parches y no soluciones reales.

Finalmente, UGT considera que un empleo estable y con un salario digno no es un privilegio sino un derecho básico sobre el que tienen que poner el acento en sus actuaciones el conjunto de las administraciones públicos y no fomentar la precariedad, la explotación laboral y el recorte sistemático de los derechos de los trabajadores y trabajadoras desempleados u ocupados.