Ayer se realizó la marcha de piqueteros y campesinos de Santiago del Estero hacia la Plaza de Mayo. La concentración y el previsto corte en el Puente Pueyrredón, se realizó sobre el mediodí­a, sin incidentes.

Se rindió homenaje a Darí­o y a Maxi, los dos pibes asesinados por la policí­a a fines de junio en ese lugar. Pero luego, fue aumentando el número de efectivos policiales y se realizaron operativos de control que trataron de dificultar o impedir el desplazamiento de la columna de manifestantes hacia el centro de Buenos Aires.

Las excusas de un comisario, gracias a algunos periodistas, se convirtieron en la evidencia de una mentira. Estos sucesos se sumaron a otros conocidos en las últimas horas que demuestran el intento de controlar la protesta social por el miedo y la represión. Un panorama que obliga a una mayor implicación de la sociedad en decidir su propio futuro. De modo activo, participando en los movimientos, asambleas y organizaciones que reclaman un cambio y que procuran construí­r alternativas a este modelo de injusticia, dependencia y corrupción.

Es tiempo de avanzar en la unidad, dejar de lado las posiciones cerradas, dogmáticas. Es tiempo de sumar, de coincidencias en los objetivos de transformación.

>> LAS PRESIONES Y REPRESIONES, SUMAN Y SIGUEN.
Redacción de SERPAL, Servicio de Prensa Alternativa.

En Rosario, una militante de una comunidad cristiana de base, minusválida, fue golpeada y tajeada en uno de los baños de la Facultad de Derecho.
La nueva agresión contra Susana Abalo, militante socialista que trabaja en diversas villas miserias de la periferia rosarina, determinó un paro de actividades en todas las facultades de la Universidad Nacional de Rosario. Por la tarde se realizó un acto de repudio en el que se responsabilizó al gobierno provincial de Reuteman, y se denunció la impunidad de los represores. Alberto Piccinini, dirigente sindical y diputado del ARI expresó "La impunidad que les garantizó a los represores el punto final y la obediencia debida es la responsable de que a mas de 25 años de la última dictadura, todaví­a persisten las mismas prácticas represivas".

Susana Abalo habí­a sido ya secuestrada y torturada en su propio domicilio, donde fué amenazada de muerte. Este caso, bajo investigación judicial, permanece sin aclarar y no hay ningún detenido.

Varios policí­as de la Federal están procesados por su responsabilidad en la muerte de un joven cartonero de 19 años, obligado junto a otros dos compañeros a arrojarse a las aguas del Riachuelo desde el Puente Uriburu. Un cadete de la escuela militar Lemos, murió poco tiempo después de pedir la baja. Sus familiares denunciaron indicios de que sufrió reiterado maltrato en esa unidad del Ejército. En varias asambleas barriales se han producido amenazas contra algunos de sus miembros. Algunas de las fábricas ocupadas por sus trabajadores y en producción, como el caso de Zanon, también sufren hostigamientos. En La Plata, fue baleado el frente de la casa de la presidenta de Abuelas, Estela Carlotto.

En algunas ciudades del interior - Jujuy, Córdoba, Tucumán, Santa Fé, se han producido hechos similares que indican el avance de viejas prácticas de intimidación. El creciente grado de las justas protestas y de la organización popular, encuentra como única respuesta -una vez más - la represión. La clase polí­tica se aferra al mantenimiento de una una situación insostenible, como si nada ocurriera. Los parlamentarios, en otro paso increí­ble y vergonzoso, confirman la impunidad de los jueces de la Corte Suprema sobre los que pesan múltiples acusaciones de corrupción. Quizás las protestas -por el carácter generalizado de las injusticias - están muy dispersas. El tratamiento parlamentario del juicio polí­tico a los jueces de la Suprema Corte, tendrí­a que haber concentrado los esfuerzos de todos los amplí­simos sectores sociales que coinciden en el ¡ que se vayan todos !. Los jueces corruptos, tendrí­an que ser de los primeros en encabezar esa marcha.

Es muy grande su responsabilidad en la situación actual. Y muy peligroso para el paí­s que sigan en sus cargos.

Terminemos con una buena noticia:

La legislatura de Buenos Aires aprobó expropiar la fábrica Grisines Savio, ocupada por sus trabajadores. La empresa tení­a una deuda de alrededor de 400 mil pesos. La Ciudad de Buenos Aires se hará cargo de los gastos y durante la ocupación no podrán rematados ni vendidos el inmueble y las maquinarias.
La fábrica fué cedida en comodato a la cooperativa "La Nueva Esperanza" formada por sus propios trabajadores. La medida favorece a 30 personas.

En los últimos dí­as, similares decisiones se tomaron con la productora de materias primas para helados Ghelco y con los talleres gráficos Chilavert. Los trabajadores de Grisines Savio podrán usufructuar durante dos años el predio y la infraestructura de la fábrica. Vencido ese plazo, los empleados podrán expropiar el inmueble y los bienes. Esta decisión de la Legislatura porteña puede no ser la última. En carpeta, aguardan otros tres expedientes: Bruckman, Clí­nica Portuguesa y Clí­nica Evangelista. Algunos polí­ticos lo hicieron a conciencia, pero otros se ausentaron, otros votaron a regañadientes...

Pero en este caso la presión social aligeró la "comprensión y la sensibilidad" de muchos legisladores porteños.

Redacción de SERPAL, Servicio de Prensa Alterantiva.