Según Marcellesi, no existe razón alguna para exigir al sistema de pensiones que se autofinancie exclusivamente con las cotizaciones de los trabajadores por lo que, para avanzar en su universalización y consolidar una prestación que garantice una vida digna en la edad avanzada, debe procederse a ampliar su base de financiación a todos los impuestos e ingresos del Estado y, como un gasto público más, debe incluirse en los presupuestos generales del Estado.

La actual ofensiva neoliberal contra el Estado de Bienestar en Europa a la que se ha plegado el presidente del Gobierno no debe confundir a la opinión pública española en el sentido de creer en la necesidad de reformar el sistema de pensiones para hacerlo sostenible. El coportavoz verde manifiesta que “España tiene un amplio margen fiscal para no recortar las pensiones: los impuestos están cuatro puntos por debajo de la media de la Unión Europea, el gasto público se sitúa en ocho puntos por debajo, a casi quince puntos del PIB de países como Alemania, Francia, Dinamarca o Suecia y existe, por tanto, un ancho margen para ampliar la presión fiscal en la sociedad española. Sin contar con la lucha contra el fraude y la evasión fiscal, si es que alguna vez se quiere acometer”

Por su parte, la coportavoz verde Sonia Ortiga pregunta que si la economía española está tan mal que no hay más salida que recortar las pensiones públicas, cómo es posible que el Gobierno, en lugar de aumentar la presión fiscal sobre los fondos de las Sicav que cotizaban al 1 por 100, haya autorizado que estos fondos se trasladen ahora a Luxemburgo, considerado hasta hace un par de meses un paraíso fiscal, en donde tributarán cien veces menos. “En lugar de apostar por una redistribución de la riqueza y de las cargas, Rodríguez Zapatero ha decidido apostar con entusiasmo por las prácticas neoliberales más injustas para empobrecer más a los pobres y enriquecer más a los ricos. Lo cómico es que pretenda convencer a la sociedad española de la bondad y de la necesidad de sus medidas, cuanto representan el ataque más grave sufrido por el Estado de Bienestar, levantado con el esfuerzo de toda la sociedad"
Por último, Ortiga reclama nuevamente la eliminación de los incentivos fiscales a los planes privados de pensiones y el establecimiento de medidas obligatorias para reorientar las inversiones de los fondos de pensiones hacia actividades enfocadas a la sostenibilidad y que sean socialmente responsables.