Desde su llegada a la Gerencia hace 3 años, sin valoración técnica, ni estudio previo, está aplicando unilateralmente el cierre de determinados recursos específicos, que a nuestro entender obedece a criterios económicos y no a las necesidades reales que tiene la Infancia y Adolescencia de la Comunidad de Madrid.

Esta situación conlleva un aumento de agresiones y violencia en los Centros de la Comunidad de Madrid, al coincidir en los mismos una heterogeneidad de problemáticas y población a atender, encontrándose los profesionales en una situación de dificultad educativa y de atención personalizada para dar respuesta adecuada al amplio abanico de necesidades de los menores, creando un clima que dificulta el correcto desarrollo de su trabajo educativo, favoreciendo la conflictividad y la violencia.

Esta situación ha originado, a su vez, más accidentes laborales por sobrecarga de trabajo, tanto física como psicológica, viéndose obligados los trabajadores a intensificar el ritmo de trabajo y encontrándose sometidos a graves situaciones de estrés laboral.

Queda patente la falta de aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, reflejando unas graves carencias de la organización preventiva de la Administración, que incumple permanentemente el Art. 14 de dicha Ley, en el que se especifica la obligación del empresario de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.