Como “muy positiva y necesaria” han valorado todos los participantes en la reunión con la Defensora del Pueblo en funciones, Mª Luisa Cava de Llano, la iniciativa de estas organizaciones creando el Observatorio Social de la Dependencia. Así mismo ha coincido con los integrantes del Observatorio en caracterizar como “muy preocupante” la situación de la aplicación de la Ley de Dependencia en la Comunidad de Madrid.

Según los últimos datos oficiales, la Comunidad de Madrid sigue ocupando los últimos puestos en todos los indicadores que registran la evolución de la Ley a nivel nacional. En número de solicitudes, Madrid ocupa el penúltimo lugar solo superada por Canarias. La media de solicitudes a nivel nacional alcanza el 2,95% frente al 1,63% de Madrid. En términos de personas dictaminadas la situación es similar, una media de 1,12% de Madrid frente al 2,66% nacional.
Una realidad que mes a mes se va agudizando y derivando en mayores situaciones de desprotección. Después de más de tres años y medio de vigencia de la Ley, cerca del 35% de las personas que tienen derecho a recibir ya atención, concretamente 19.946, todavía no la reciben y casi 20.00 personas siguen esperando ser valoradas.

La situación de bloqueo, parálisis y desconcierto que caracteriza el desarrollo de la Ley en Madrid, es uno de los motivos que ha justificado que estas organizaciones hayan constituido el Observatorio. Un observatorio que nace con un espíritu abierto a la incorporación de otras organizaciones y que pretende ser un espacio de análisis y de denuncia social ante la inquietante situación en la Comunidad de Madrid.

La institución del Defensor del Pueblo ha mostrado igualmente su interés y preocupación por la realidad madrileña. Concretamente, en su último informe esta institución denunció las demoras de hasta dos años para recibir las prestaciones y ayudas en la Comunidad de Madrid, lo fue calificado como “asombrosa acumulación de retrasos”. Igualmente, el Informe recogió el aumento considerable de quejas de los ciudadanos y ciudadanas madrileñas ante las dificultades objetivas que existen en Madrid.

Por último, la Defensora del Pueblo en funciones y los integrantes del Observatorio Social han subrayado la necesidad de reforzar marcos de colaboración y cooperación entre instituciones y organizaciones, con el fin de que la Ley de Dependencia en la Comunidad de Madrid sea una realidad.