Según el Comité, "el único discurso que se oye por parte de la administración es, que no hay dinero. Sin embargo, a día de hoy, nadie ha planteado un plan efectivo de recortes de gasto de la administración autonómica, sin que la factura la tenga que pagar el ciudadano. Estamos seguros, de que existen gastos, además de reducir el número de coches oficiales, que no son prioritarios y que podrían dar cabida a presupuestos destinados a las personas más vulnerables, entre las que se encuentran las personas con discapacidad."

El movimiento asociativo de personas con discapacidad debe ser bien tratado y sobre todo en situaciones de crisis, ya que su gestión en la atención de las personas con discapacidad es eficaz y eficiente. En estas organizaciones prima el valor social o la atención personalizada a las personas con discapacidad, no una cuenta de resultados. La administración no debe olvidarse de la importantísima labor que las asociaciones de personas con discapacidad realizan cada día en nuestra comunidad, con más necesidades que recursos, pero con los máximos niveles de garantías en la atención del colectivo. Para el Comité, "ésta es una situación desoladora por la que las organizaciones entienden no estar reconocidas por la administración regional. El trabajo de estas organizaciones no pude estar al arbitrio de subvenciones graciables que no hacen más que precarizar el sector.” El Comité solicitó al Consejero de Economía, hace ya varios meses, información sobre los presupuestos de la Comunidad de Madrid y en especial de aquellas partidas que podrían afectar al colectivo de personas con discapacidad en nuestra región. A día de hoy, el Comité sigue a la espera de una respuesta por parte del Consejero.

Para el Comité, "es importante que se tomen en serio nuestro trabajo, porque ningunear a una institución como el CERMI Comunidad de Madrid, que representa a más de 450.000 personas con algún tipo de discapacidad y sus familias en nuestra comunidad, es un grave error, máxime a las puertas de un proceso electoral." El Comité termina anunciando su disposición a dialogar y a trabajar de manera firme sobre el inicio de un documento que regule la situación de las organizaciones que atienden y representan a las personas con discapacidad para que les otorgue estabilidad y seguridad en su gestión.