Entre las medidas que propone el Comité está la revisión al alza de las ayudasde la administración a las empresas para la contratación de personas condiscapacidad, así como la compatibilidad total de las prestaciones nocontributivas con el trabajo remunerado, para que el colectivo no pierda poderadquisitivo y pueda hacer frente al gasto superior que tiene con respecto al de una persona sin discapacidad y, de esta manera, amortiguar la carga que soportan las familias

El comité no entrará a valorar en estos momentos el actual sistema que tiene nuestro país sobre las competencias territoriales concedidas a lascomunidades autónomas, aunque sí valora interesante que se abriera un debate sobre esta situación de la que todo el mundo habla porque, en muchoscasos, perjudica seriamente el desarrollo de las comunidades autónomas,sobre todo, cuando las distintas administraciones no son del mismo signopolítico. En este sentido la Comunidad de Madrid no es una excepción.

Según el Comité "La crisis está afectando seriamente a la integraciónlaboral de las personas con discapacidad por lo que es necesarioreformar un mercado laboral que sea inclusivo para el colectivo demanera urgente".

El empleo de las personas con discapacidad debe entenderse como unaimportante contribución a la mejora de la economía en su conjunto y por tantodebe ser uno de los objetivos prioritarios de la administración. Promover elempleo del sector discapacidad significa no tener que “financiar” a una personasino contar con su aportación; es decir, se trata de cambiar una resta por unasuma.

Finalmente el Comité advierte; "un recorte de las ayudas para apoyar elempleo del colectivo sería catastrófico para el mismo. Generaría unincremento de la pobreza para las personas con discapacidad y unenfrentamiento directo con el tejido asociativo que les representa."