Entre las medidas que propone el Comité está la revisión al alza de las ayudas de la administración a las empresas para la contratación de personas con discapacidad, así como la compatibilidad total de las prestaciones no contributivas con el trabajo remunerado, para que el colectivo no pierda poder adquisitivo y pueda hacer frente al gasto superior que tiene con respecto al de una persona sin discapacidad y, de esta manera, amortiguar la carga que El comité no entrará a valorar en estos momentos el actual sistema que tiene nuestro país sobre las competencias territoriales concedidas a las comunidades autónomas, aunque sí valora interesante que se abriera un debate sobre esta situación de la que todo el mundo habla porque, en muchos casos, perjudica seriamente el desarrollo de las comunidades autónomas, sobre todo, cuando las distintas administraciones no son del mismo signo político.

En este sentido la Comunidad de Madrid no es una excepción. Según el Comité "La crisis está afectando seriamente a la integración laboral de las personas con discapacidad por lo que es necesario reformar un mercado laboral que sea inclusivo para el colectivo de El empleo de las personas con discapacidad debe entenderse como una importante contribución a la mejora de la economía en su conjunto y por tanto debe ser uno de los objetivos prioritarios de la administración. Promover el empleo del sector discapacidad significa no tener que “financiar” a una persona sino contar con su aportación; es decir, se trata de cambiar una resta por una Finalmente el Comité advierte; "un recorte de las ayudas para apoyar el empleo del colectivo sería catastrófico para el mismo. Generaría un incremento de la pobreza para las personas con discapacidad y un enfrentamiento directo con el tejido asociativo que les representa."