En estos días todos los CEPAs de Canarias están recibiendo un escrito de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos comunicándoles la suspensión de diversas enseñazas ofertadas por los mismos (Inglés a distancia –That´s English!, Preparación para Pruebas de Acceso a la Universidad, Idiomas en Niveles Iniciales, Informática Básica, Formación Orientada al Empleo, Formación Sociocultural y Aula Mentor).

Aún cuando los últimos informes sobre la situación educativa del archipiélago, incluido el documento “Indicadores Prioritarios de la Educación Canaria 2009”, elaborado por el también desmantelado Instituto Canario de Evaluación y Calidad Educativa, ponen de manifiesto el altísimo índice de abandono escolar prematuro existente en nuestra Comunidad Autónoma (36,9%) lo que nos sitúa 6 puntos por encima de la media estatal (31%) y duplica ampliamente la europea (15,3%), la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias opta por desmantelar un servicio educativo esencial para la formación de la población adulta que contribuye a compensar en cierta medida estos preocupantes datos. Recordemos que se considera “abandono escolar prematuro”, el porcentaje de personas de 18 a 24 años que no están escolarizadas y que no han seguido cursando estudios más allá de la Educación Secundaria Obligatoria.

Estos recortes resultan aún más injustificados si consideramos que buena parte de estas enseñanzas no suponen aumento inversor para la Consejería de Educación, dado que no generan contratación de profesorado, al realizarse esencialmente con monitores sufragados por los propios centros a través de las matrículas del alumnado y mediante sus propios presupuestos anuales. Sin embargo, todas las informaciones apuntan a que esta grave disminución de la oferta formativa de los CEPAs supondrá también una disminución de, cuanto menos, el 20% de la actual plantilla docente de dichos centros, al margen del más que probable cierre de los Centros de Adultos más pequeños situados en las zonas rurales del archipiélago.

Desde nuestra organización entendemos que estos graves recortes se enmarcan dentro de la política de privatización y desmantelamiento de la Educación Pública Canaria que nuestro Gobierno Autonómico lleva protagonizando desde hace años. Una vez más se pone de manifiesto la notable contradicción existente entre el discurso público del Gobierno de Canarias y su Consejería de Educación (aparentemente “preocupados” por impulsar el Servicio Educativo en Canarias) y la realidad incontestable de brutales recortes en todos los ámbitos educativos, poniendo en grave riesgo el derecho a la educación de nuestra ciudadanía y el propio futuro de nuestro archipiélago.