El 20 de mayo de 2010 la rúbrica de sucesos del diario Noticias del Sol de la Laguna cerró inmediatamente su sección policiaca por las amenazas que recibió el periodista Javier Adame Gómez. Estas amenazas fueron recibidas tras la publicación de información concerniente a un atentado en Torreón que costó la vida a ocho personas.

Días después Karla Guadalupe Tinoco Santillán, corresponsal del periódico La Opinión, del municipio Vicente Guerrero (Durango), recibió amenazas telefónicas para que “no se metiera en ‘su’ camino”, el típico mensaje del crimen organizado, en respuesta a un artículo de la reportera sobre una serie de secuestros.

Esa misma semana, el 30 de mayo, un grupo armado ingresó al domicilio de un periodista del mismo periódico, pero en la casa sólo se encontraban su esposa y sus hijos. Al día siguiente otro diario de la región, Express de Multimedios, recibió la orden de publicar las fotos de seis cabezas decapitadas encontradas esa misma mañana, con la advertencia que de no hacerlo “los periodistas sufrirían la misma suerte”.

Código penal sin efecto
Pese a una modificación del código penal del estado de Coahuila en mayo de 2008, que castiga los asesinatos de periodistas con 60 años de prisión efectiva, sin condonación de pena, la violencia contra la prensa continúa. En mayo de 2009 dos periodistas perdieron la vida. Eliseo Barrón, de la sección Opinión de Milenio Torreón y Carlos Ortega Melo Samper, del Tiempo de Durango, asesinados el 3 de mayo de ese año en Santa María del Oro (Durango).

Asimismo, el año 2009 conoció un siniestro epílogo con el asesinato consecutivo de otros dos periodistas. Vladimir Antuna García, también del Tiempo de Durango, encontró la muerte el 2 de noviembre y Valentín Valdés Espinosa, del Zócalo de Saltillo, secuestrado y asesinado el 8 de enero de 2010.

“¿Qué hay de nuevo?”. Es la pregunta que hace el periodista Julián Parra Ibarra, en una editorial publicada el 31 de mayo de 2010, que conmemora la muerte de Eliseo Barrón (http://www.expresionhispana.com/La%20Laguna/A%20LA%20BÁSCULA/Ultimo/). Más de un año después del asesinato y arresto, el 6 de junio de 2009, de cinco miembros de Los Zetas, presunto autores del asesinato de Eliseo, la investigación se estanca. “¿Hay algo positivo qué extraer de esta triste historia que nos pudiera hacer pensar que su partida no fue en vano?”, se pregunta el redactor. Desgraciadamente, como el periodista, amigo y compañero de Eliseo Barrón, llegamos a la misma conclusión abrumadora: “nada ha cambiado. Peor, nadie dice nada”. La censura agobia a la prensa de Coahuila y Durango.

Larga historia de violencia
Convertidas en moneda corriente, las amenazas contra los periodistas aumentan la autocensura. En cuanto un medio de comunicación de la región menciona hechos relacionados con el crimen organizado, el autor pone en peligro su propia vida, la de su familia y sus colegas.

Este clima de terror no es nuevo. Después de 2007 la inseguridad se ha agravado afectando a todos los estratos de la población, sobre todo con la generalización de los secuestros. Rafael Ortiz Martínez, reportero del diario Zócalo, de la ciudad de Monclova (Coahuila), se encuentra desaparecido desde julio de 2006. En abril de 2007, Onésimo Zúñiga, del periódico Noticias de El Sol de La Laguna, fue secuestrado y torturado varias horas por un grupo armado.

Peligroso discurso
Esta triste realidad no es solamente un asunto del crimen organizado. Ésta, concierne también a las autoridades de otras regiones, como Oaxaca, donde una segunda caravana humanitaria que se dirigía hacia la comunidad triqui de San Juan Copala, debió rehacer su camino por falta de suficientes garantías de seguridad. El atentado cometido contra una caravana precedente, el 27 de abril pasado, tuvo como saldo la muerte de dos colaboradores humanitarios y donde resultara lesionado el periodista David Cilia de la revista Contralínea El 10 de junio Ixtli Martínez, corresponsal de MVS-Radio y de la agencia AP en Oaxaca, fue herida en un sospechoso atentado en su contra cometido durante el enfrentamiento de estudiantes en el campus de la Universidad Autónoma Benito Juárez.

Finalmente, consideramos inapropiadas y peligrosas las recientes declaraciones contra la prensa del Secretario de Gobernación. Fernando Francisco Gómez Mont, encontrado durante nuestra última misión en México, en julio de 2009, reiteradamente exige a los medios orienten de mejor manera su información hacia la opinión pública. El número dos del gobierno federal imputó a los periodistas “que glorifican el narcotráfico y hablan mal del país” toda la responsabilidad de su suerte, particularmente en Ciudad Juárez, donde la prensa se queja cada vez más de la prepotencia y la violencia del ejército. Esas declaraciones agravan más aún el peligro sobre los medios de comunicación regionales mexicanos y la desprotección de los periodistas.

62 profesionales de los medios de comunicación han perdido la vida en México después de 2000 y once han desaparecido después de 2003.